Reunión del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha
Foro por la Memoria pide inscribir la anulación de las sentencias del franquismo.

Toledo 16/10/2013 .- Se ha celebrado en Toledo la reunión del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, encargado de coordinar el impulso y la promoción de los derechos humanos en torno a la recuperación de la memoria democrática y cuyo objeitvo es “el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas y represaliadas, mejorando  el conocimiento de la reciente historia regional en la lucha por las libertades democráticas”. 

En este órgano están representadas las Universidades de la región (UCLM y Universidad de Alcalá de Henares); las entidades locales con la presencia de las cinco diputaciones; los ayuntamientos, a través de la FEMP, y la sociedad civil, a través de las asociaciones memorialistas, en concreto dos: el Foro por la Memoria de Guadalajara y la Gavilla Verde de Cuenca.

El Foro por la Memoria va a solicitar formalmente a este organismo que incluya la anotación de la declaración de anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, y se haga en cumplimiento la Ley de memoria democrática. 

Tal y como señalan, los archivos históricos provinciales, competencia del Gobierno Regional, custodian miles y miles de expedientes carcelarios y sentencias de los Consejos de Guerra, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y el Comunismo, Tribunal de Orden Público, y cualesquiera otros tribunales relacionados con la represión de la Dictadura franquista. Dichos fondos documentales fueron trasladados desde los archivos judiciales a los archivos históricos tras cumplirse el plazo legal para que las sentencias pudieran ser consultadas.

La petición del Foro se fundamenta en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que declara en su artículo 5 la ilegalidad e ilegitimidad de los órganos represivos de la dictadura y la nulidad de sus resoluciones. En cumplimiento de dicha Ley, la entidad memorialista solicita la inscripción de oficio de dicha nulidad en todos y cada uno de los expedientes y sentencias dictados por dichos órganos represivos. 

En opinión del Foro, “la inscripción material y expresa de la nulidad es indispensable para la plena restauración de la dignidad y el honor de las víctimas, y coadyuvará, sin duda, a procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Consideramos inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado colectivo común acceda a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan inalterados tal y como los elaboraron los organismos civiles, policiales, militares y judiciales, entre otros, que dirigieron la política de represión sistemática contra el adversario político durante la Guerra Civil y el régimen franquista, como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas”, argumentan.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado en este encuentro que el Gobierno de Castilla-La Mancha aborda las políticas de memoria democrática “como defensa de los derechos humanos y del firme compromiso de no repetición; y lo hacemos sin sectarismo, buscando el consenso con el conjunto de la sociedad y de sus fuerzas políticas y escuchando todas las opiniones y las distintas sensibilidades”.

Caballero ha expresado el compromiso de abordar esta materia “desde el estudio, la investigación científica y el conocimiento académico” por lo que la dirección de los trabajos corresponderá al ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la que volverá a firmar próximamente un convenio para transferirle la mayor parte de los recursos económicos asignados por la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática para financiar proyectos incluidos en el plan regional de estudios sobre la memoria democrática.

En esta primera reunión de la legislatura se ha expuesto ante los miembros del Consejo Asesor el aumento de los fondos del Gobierno de España a Castilla-La Mancha. La región tendrá disponibles 323.711,95 euros, siendo la tercera Comunidad Autónoma con mayor inversión asignada. Con estos fondos se llevará a cabo la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

También se desarrollarán actividades de divulgación de trabajos y resultados, de dignificación de lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria, así como de homenaje a víctimas y las actividades de conmemoración sobre la Constitución Española y la Transición y las de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil y la Dictadura y la II Guerra Mundial.

Los objetivos de trabajo que se han marcado en esta reunión abarcan las actuaciones de indagación, estudios documentales y localización de fosas; el análisis y exhumación de las fosas donde pudiera hallarse un número elevado de personas, vinculadas a uno u otro bando contendiente; la elaboración de un censo de víctimas en todo el territorio de Castilla-La Mancha y la investigación, identificación, elaboración de inventario, estudio y señalización de los ‘Lugares de Memoria’ para que la ciudadanía pueda comprender la historia de aquellos espacios donde tuvieron lugar hechos de singular relevancia por su significación histórica. En este sentido, también se continuará con la promoción de la conservación de estos ‘Lugares de Memoria’ por medio de su protección e inclusión en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Además, se procederá al mantenimiento y actualización de mapas interactivos para divulgar las principales investigaciones generadas en el ámbito del Proyecto de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha sobre la guerra civil y el franquismo en Castilla-La Mancha, así como a revisar y actualizar el Mapa Regional, en materia de Memoria Democrática y coordinar su integración en el Mapa Integrado de Fosas a nivel estatal.

Renovación de miembros del Consejo Asesor de Memoria Democrática

En esta primera reunión de la legislatura del Consejo Asesor de Memoria Democrática de Castilla- La Mancha se ha procedido a la renovación de sus miembros tras los cambios acaecidos tras las últimas elecciones locales y autonómicas. Este es un “órgano plural y representativo”, tal y como ha explicado Caballero, que asesora al Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de memoria democrática.

En este sentido, también está presente el Gobierno regional con las viceconsejerías de Relaciones Institucionales, de Cultura y de Administración Local y Coordinación Administrativa. Además, en él participan la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de Educación a Distancia; las diputaciones provinciales de la región y la FEMP de Castilla-La Mancha, así como las asociaciones Memoria Histórica de Manzanares y La Gavilla Verde y el Foro por la Memoria de Guadalajara. Estos colectivos van cambiando cada dos años.

Las nulidad de actas de sentencias franquistas, a estudio

Preguntado por el hecho de que la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara haya solicitado al Gobierno regional que declare la anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, Caballero ha respondido que es un tema en el que “no está claro desde el punto de vista legal” a quién corresponde la anulación de determinadas decisiones administrativas políticas tomadas durante el régimen franquista. Según ha explicado, no queda claro, porque “la propia comunidad autónoma no existía en ese momento”.

Si, finalmente, el Gobierno regional tuviese el poder de declarar nulas esas actas franquistas, el vicepresidente segundo ha insistido en que “habría que estudiarlo”.

Ante estas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, el Foro por la Memoria afirma que ciertamente el gobierno regional no puede anular nada, ni tampoco el gobierno central, ni nadie pretende que lo haga. De hecho la nueva Ley de Memoria no anula nada ni tampoco se pretende. Lo que recuerda esta asociación es que tal y como dice la propia ley, es que esos documentos, sólo tienen “apariencia judicial” y que nunca fueron verdaderas sentencias, sino “aberraciones jurídicas”, llevadas a cabo sin garantías, sin legitimidad, por organismos que se autoproclamaron Tribunales y que un Estado de derecho moderno no puede seguir convalidando esas condenas como si tuvieran valor jurídico. Nadie tiene que anular esas sentencias, que se anulan por si mismas, porque no fueron verdaderas sentencias. La petición de inscripción en los expedientes sólo significaría constatar ese hecho. Y tiene valor testimonial, Significa una reparación moral.

Respecto a la declaración del vicepresidente Caballero sobre exhumar fosas “de un bando y de otro” , el Foro por la Memoria le recuerda que las víctimas asesinadas en la retaguardia republicana ya lo fueron exhumadas mayoritariamente gracias a una orden aprobada por la dictadura franquista en el BOE del 1 de mayo de 1940. La entidad memorialista recuerda también que no habia “dos bandos” , porque a un Gobierno Constitucional no se le puede llamar “bando”. En todo caso habia un gobierno, y enfrente, una “banda” de golpistas contra un gobierno constitucional.

La memoria democrática, que es, recordemos, la de los que defienden los valores democráticos, no puede ni debe ser “apolítica”, ni puede ser de lo que el vicepresidente ha llamado “dos bandos”, Porque precisamente las víctimas de la dictadura lo fueron por su compromiso político y por la justicia social, No ha lugar a ninguna “equidistancia” y tal supuesto es un nuevo insulto a las victimas de la dictadura, además sería como pretender ignorar que todas las víctimas franquistas fueron exhumadas en la postguerra a cargo del Estado, recibieron pensiones, y recibieron todo tipo de homenajes. Considerar que la memoria democrática es ajena a la política es un insulto a las victimas de la dictadura, pues sufrieron represión por su compromiso político y social precisamente. Creemos por ello precisamente que los partidos y sindicatos a los que pertenecieron deberían poder dar su opinión en un órgano consultor como el Consejo.