Sobre el memorando de A. Segura sobre la nulidad de la Ley de Amnistia / Pedro A. García Bilbao

Sobre el memorando de A. Segura sobre la nulidad de la Ley de Amnistia

El memorando sobre la cuestión de la Ley de Amnistía realizado por Antonio Segura Hernández (PCM-PCE) es de gran interés, pero le falta una cuestión fundamental sobre la que no parece haberse dado cuenta. La cuestión de la propia legalidad del régimen franquista. La ley de Amnistía exonera de delito y punición a los «excesos» cometidos en el ejercicio de sus funciones a los funcionarios franquistas, ciertamente, pero ni remotamente considera delito haber sido servidor de la dictadura, pues el estado franquista es considerado como legal, algo muy lógico y coherente pues el marco en el que se redactó y entró en vigor era el del propio régimen franquista.

No puede olvidarse que el régimen español vigente en el territorio en 1977 y bajo el cual se realizaron las elecciones de junio, era el régimen franquista, en una fase última, pero sin lugar a dudas ese era el marco. Es duro reconocerlo, y hasta puede resultar inasumible para muchos, pero la legalización del PCE y el PSOE (y los otros partidos) la realizó el régimen franquista formalmente hablando. Al aceptarse esa legalización por parte del régimen se cruzaban así reconocimientos y legitimidad a cambio de mutua legalización. ¿vamos a continuar en 2017 con este despropósito o seguimos ocultando la contradicción?

La politica del PCE en este tema ha avanzado, sin duda, y las contradicciones de la ley de amnistía y la lucha de organizaciones como el Foro por la Memoria ha ayudado a ello. Falta mucho todavía, sin embargo, para que se produzcan avances que afecten nuclearmente a la conexión ente el régimen del 78 y el franquismo. No hay ni una sola referencia en el texto de Segura a la cuestión de la nulidad de los referéndum del 47 y 69, ni desde luego al hecho de la que la C31 no ha sido derogada legalmente.Tal debate pondría en cuestión la legitimidad del régimen del 78 de forma directa y supondría un salto cualitativo en la lucha republicana. Ese salto es precisamente el que no se ha querido dar, la aportación de Segura es singularmente auto-limitada, disminuirá contradicciones internas, pues la sensación de colosal tomadura de pelo entre la militancia comunista que se ha sentido al ver impunes a destacados torturadores y asesinos después de tantos años ha acabado por resultar insoportable para una mayoría e inexplicable para los militantes jóvenes y la práctica fomentada desde la dirección de llevar la cuestión de los procesamientos a Argentina no ha resuelto nada y aun ha llevado a muchos a preguntarse qué pasa en España para que aquí, en 2017, el franquismo siga siendo »legal».

Anular o declarar inaplicable la ley de Amnistía puede suponer condenas a los funcionarios franquistas que cometieron excesos —eso amnistía la Ley refererida—, pero no se trata de si un miembro de la BPS se sobrepasó o no, se trata de si haber sido miembro de la BPS es delito o no. Y la anulación de la Ley de Amnistia del 77 no lo consideraría delito.

Debemos tener muy claro que no se puede dar por valida la legalidad franquista. El régimen fue ilegal, salvo en la interpretación que hace Primo de Ribera que recoge Segura en esta aportación. La CE78 entró en vigor por la firma del Rey, un Rey fruto de la legalidad franquista y salido de sus referenda de sucesión, si entra en cuestión su legitimidad como jefe de estado al no aceptarse como válidos tales referenda, lo que tendríamos es gravemente afectada a la CE78 y se abriría así una línea de avance para recuperar la legalidad republicana robada y nunca derogada formalmente.

Los republicanos consideramos fundamental romper de una vez con la legalidad franquista, nos gustaría que el PCE también lo hiciera y sacara consecuencias políticas para su línea estratégica de ello.

La C78 no es una constitución, es la Ley constitucional nacida de la Ley de Reforma Política. No hubo proceso constituyente en 1977. En el BOE de 31 de diciembre de 1978, la CE78 deroga las Leyes Fundamentales del Movimiento, no la CE31. No hay otra legitimidad que la CE31, ciertamente, una vez desaparecida la RE en el exilio, la única legalidad que se encuentra en el territorio es la del régimen del 78, pero no se puede dar por legítima. Es preciso denunciar esta situación.

No se trata solamente de si logramos condenar a Martín Villa y a los sayones de la BPS. El propio régimen podría dejarles caer si se sintieran presionados. Se trata de la supervivencia misma del régimen del 78.

La política de guiños a la militancia como camisetas, despedidas con salud y república y pines en la solapa en las Cortes no va a ninguna parte. Se agradecen, pero no toca ni remotamente al régimen actual. La aportación de Segura supone un avance. No es suficiente.

Es necesario poder tener un debate serio y sin límites a estas cuestiones. De lo contrario la aportación de Segura será una más de las buenas aportaciones de militantes comunistas a temas clave que acaban situadas en alguna página olvidada de un programa o manifiesto del partido sin que influyan en nada en la línea estratégica de éste.