COMUNICADO DEL FORO POR LA MEMORIA DE GUADALAJARA SOBRE LAS DECLARACIONES DEL Vte DE LA JUNTA DE C-LM

El Foro por la Memoria de Guadalajara , asociación miembro del Consejo Asesor de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, desea responder el vicepresidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, respecto a sus declaraciones realizadas en el seno de la reunión del Consejo Asesor de Memoria Democrática  sobre la intención del Gobierno regional de exhumar fosas “de un bando y de otro” . 

El Foro por la Memoria le recuerda al señor vicepresidente que las víctimas asesinadas en la retaguardia republicana, de lo que él llama “bando” sublevado, ya fueron exhumadas en la postguerra gracias a una orden aprobada por la dictadura franquista en el BOE del 1 de mayo de 1940. El Foro recuerda también que no habia “dos bandos” , porque a un Gobierno Constitucional no se le puede llamar “bando”. En todo caso habia un gobierno, y enfrente, una “banda” de golpistas alzados contra la legalidad.  

Por otra parte, en constestación a la intención del vicepresidente de darle un sentido “apolitico” y sin partidos, a la memoria de la región, recordamos que la memoria democrática, que es, recordemos, la de los que defienden los valores democráticos, no puede ni debe ser “apolítica”, ni puede ser de lo que el vicepresidente llama los “dos bandos”, Porque precisamente las víctimas de la dictadura lo fueron por su compromiso político y con la justicia social, Fueron víctimas por pertenecer a partidos y sindicatos que entonces eran legales, Y ese hecho no puede ser ignorado, No ha lugar por tanto a ninguna “equidistancia”  Además no se debe ignorar que todas las víctimas franquistas fueron exhumadas en la postguerra a cargo del Estado, recibieron pensiones, y recibieron todo tipo de homenajes. Incluso el único enterramiento que quedaba de personas asesinadas en la retaguardia republicana, la fosa de Camuñas (To), ha sido investigada por el CSIC. No nos oponemos a que se intervenga por motivos humanitarios en las fosas de cualquier tipo, pero repetimos que las franquistas han sido todas exhumadas en la inmediata postguerra, E insistimos que considerar que la memoria democrática es ajena a la política es sencillamente un nuevo insulto a las victimas de la dictadura, pues todas ellas sufrieron represión por su compromiso político y social precisamente. Creemos por ello que los partidos y sindicatos a los que pertenecieron deberían poder dar su opinión en un órgano consultor como el Consejo Asesor. Incluso el Consejo Asesor equivalente que existía en Castilla y León, hasta que ha sido eliminado por el actual gobierno regional PP-VOX, incluía a representantes  del sindicato UGT en su seno, cosa que no ocurre en el castellanomanchego. ¿Acaso UGT, organización a la que pertenecían el 60% de las víctimas de la represión franquista, no tiene derecho a tener una opinión sobre la actuación que un Consejo Asesor haga con sus afiliados represaliados por la dictadura? ¿Cuantos muertos deberia tener la UGT, en opinión del señor vicepresidente para poder ser escuchado en materia de memoria?  

No se ha pedido anular sentencias, porque sencillamente, no eran sentencias. 
Ante la petición de la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara de que se incriba la anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática, el vicepresidente ha indicado que es un tema en el que “no está claro desde el punto de vista legal” a quién corresponde la anulación de determinadas decisiones administrativas políticas tomadas durante el régimen franquista. E incluso ha recordado que “la propia comunidad autónoma no existía en ese momento”. Dichos expedientes judiciales están conservados en los archivos históricos provinciales dependientes de la Consejería de Educacion y Cultura de Castlla-La Mancha

Ante estas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha,  el Foro por la Memoria reconoce que ciertamente el gobierno regional no puede anular nada, ni tampoco el gobierno central, ni nadie pretende que lo haga. De hecho la nueva Ley de Memoria no anula nada ni tampoco pretende ni puede anular nada. Lo que recuerda esta asociación es que tal y como dice la propia ley, es que esos documentos, sólo tienen “apariencia judicial” y que nunca fueron verdaderas sentencias, sino “aberraciones jurídicas”, llevadas a cabo sin garantías, sin legitimidad, por organismos que se autoproclamaron Tribunales y que un Estado de derecho moderno no puede seguir convalidando esas condenas como si tuvieran valor jurídico. Nadie tiene que anular esas sentencias, que se anulan por si mismas, porque no fueron verdaderas sentencias. La petición de inscripción en los expedientes sólo significaría simplemente constatar ese hecho. Y tiene valor testimonial, Significa una reparación moral.

Reunión del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha
Foro por la Memoria pide inscribir la anulación de las sentencias del franquismo.

Toledo 16/10/2013 .- Se ha celebrado en Toledo la reunión del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, encargado de coordinar el impulso y la promoción de los derechos humanos en torno a la recuperación de la memoria democrática y cuyo objeitvo es “el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas y represaliadas, mejorando  el conocimiento de la reciente historia regional en la lucha por las libertades democráticas”. 


En este órgano están representadas las Universidades de la región (UCLM y Universidad de Alcalá de Henares); las entidades locales con la presencia de las cinco diputaciones; los ayuntamientos, a través de la FEMP, y la sociedad civil, a través de las asociaciones memorialistas, en concreto dos: el Foro por la Memoria de Guadalajara y la Gavilla Verde de Cuenca.

El Foro por la Memoria va a solicitar formalmente a este organismo que incluya la anotación de la declaración de anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, y se haga en cumplimiento la Ley de memoria democrática. 

Tal y como señalan, los archivos históricos provinciales, competencia del Gobierno Regional, custodian miles y miles de expedientes carcelarios y sentencias de los Consejos de Guerra, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y el Comunismo, Tribunal de Orden Público, y cualesquiera otros tribunales relacionados con la represión de la Dictadura franquista. Dichos fondos documentales fueron trasladados desde los archivos judiciales a los archivos históricos tras cumplirse el plazo legal para que las sentencias pudieran ser consultadas.


La petición del Foro se fundamenta en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que declara en su artículo 5 la ilegalidad e ilegitimidad de los órganos represivos de la dictadura y la nulidad de sus resoluciones. En cumplimiento de dicha Ley, la entidad memorialista solicita la inscripción de oficio de dicha nulidad en todos y cada uno de los expedientes y sentencias dictados por dichos órganos represivos. 

En opinión del Foro, “la inscripción material y expresa de la nulidad es indispensable para la plena restauración de la dignidad y el honor de las víctimas, y coadyuvará, sin duda, a procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Consideramos inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado colectivo común acceda a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan inalterados tal y como los elaboraron los organismos civiles, policiales, militares y judiciales, entre otros, que dirigieron la política de represión sistemática contra el adversario político durante la Guerra Civil y el régimen franquista, como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas”, argumentan.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado en este encuentro que el Gobierno de Castilla-La Mancha aborda las políticas de memoria democrática “como defensa de los derechos humanos y del firme compromiso de no repetición; y lo hacemos sin sectarismo, buscando el consenso con el conjunto de la sociedad y de sus fuerzas políticas y escuchando todas las opiniones y las distintas sensibilidades”.

Caballero ha expresado el compromiso de abordar esta materia “desde el estudio, la investigación científica y el conocimiento académico” por lo que la dirección de los trabajos corresponderá al ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la que volverá a firmar próximamente un convenio para transferirle la mayor parte de los recursos económicos asignados por la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática para financiar proyectos incluidos en el plan regional de estudios sobre la memoria democrática.

En esta primera reunión de la legislatura se ha expuesto ante los miembros del Consejo Asesor el aumento de los fondos del Gobierno de España a Castilla-La Mancha. La región tendrá disponibles 323.711,95 euros, siendo la tercera Comunidad Autónoma con mayor inversión asignada. Con estos fondos se llevará a cabo la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

También se desarrollarán actividades de divulgación de trabajos y resultados, de dignificación de lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria, así como de homenaje a víctimas y las actividades de conmemoración sobre la Constitución Española y la Transición y las de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil y la Dictadura y la II Guerra Mundial.

Los objetivos de trabajo que se han marcado en esta reunión abarcan las actuaciones de indagación, estudios documentales y localización de fosas; el análisis y exhumación de las fosas donde pudiera hallarse un número elevado de personas, vinculadas a uno u otro bando contendiente; la elaboración de un censo de víctimas en todo el territorio de Castilla-La Mancha y la investigación, identificación, elaboración de inventario, estudio y señalización de los ‘Lugares de Memoria’ para que la ciudadanía pueda comprender la historia de aquellos espacios donde tuvieron lugar hechos de singular relevancia por su significación histórica. En este sentido, también se continuará con la promoción de la conservación de estos ‘Lugares de Memoria’ por medio de su protección e inclusión en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Además, se procederá al mantenimiento y actualización de mapas interactivos para divulgar las principales investigaciones generadas en el ámbito del Proyecto de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha sobre la guerra civil y el franquismo en Castilla-La Mancha, así como a revisar y actualizar el Mapa Regional, en materia de Memoria Democrática y coordinar su integración en el Mapa Integrado de Fosas a nivel estatal.

Renovación de miembros del Consejo Asesor de Memoria Democrática

En esta primera reunión de la legislatura del Consejo Asesor de Memoria Democrática de Castilla- La Mancha se ha procedido a la renovación de sus miembros tras los cambios acaecidos tras las últimas elecciones locales y autonómicas. Este es un “órgano plural y representativo”, tal y como ha explicado Caballero, que asesora al Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de memoria democrática.

En este sentido, también está presente el Gobierno regional con las viceconsejerías de Relaciones Institucionales, de Cultura y de Administración Local y Coordinación Administrativa. Además, en él participan la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de Educación a Distancia; las diputaciones provinciales de la región y la FEMP de Castilla-La Mancha, así como las asociaciones Memoria Histórica de Manzanares y La Gavilla Verde y el Foro por la Memoria de Guadalajara. Estos colectivos van cambiando cada dos años.

Las nulidad de actas de sentencias franquistas, a estudio

Preguntado por el hecho de que la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara haya solicitado al Gobierno regional que declare la anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, Caballero ha respondido que es un tema en el que “no está claro desde el punto de vista legal” a quién corresponde la anulación de determinadas decisiones administrativas políticas tomadas durante el régimen franquista. Según ha explicado, no queda claro, porque “la propia comunidad autónoma no existía en ese momento”.

Si, finalmente, el Gobierno regional tuviese el poder de declarar nulas esas actas franquistas, el vicepresidente segundo ha insistido en que “habría que estudiarlo”.

Ante estas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, el Foro por la Memoria afirma que ciertamente el gobierno regional no puede anular nada, ni tampoco el gobierno central, ni nadie pretende que lo haga. De hecho la nueva Ley de Memoria no anula nada ni tampoco se pretende. Lo que recuerda esta asociación es que tal y como dice la propia ley, es que esos documentos, sólo tienen “apariencia judicial” y que nunca fueron verdaderas sentencias, sino “aberraciones jurídicas”, llevadas a cabo sin garantías, sin legitimidad, por organismos que se autoproclamaron Tribunales y que un Estado de derecho moderno no puede seguir convalidando esas condenas como si tuvieran valor jurídico. Nadie tiene que anular esas sentencias, que se anulan por si mismas, porque no fueron verdaderas sentencias. La petición de inscripción en los expedientes sólo significaría constatar ese hecho. Y tiene valor testimonial, Significa una reparación moral.

Respecto a la declaración del vicepresidente Caballero sobre exhumar fosas “de un bando y de otro” , el Foro por la Memoria le recuerda que las víctimas asesinadas en la retaguardia republicana ya lo fueron exhumadas mayoritariamente gracias a una orden aprobada por la dictadura franquista en el BOE del 1 de mayo de 1940. La entidad memorialista recuerda también que no habia “dos bandos” , porque a un Gobierno Constitucional no se le puede llamar “bando”. En todo caso habia un gobierno, y enfrente, una “banda” de golpistas contra un gobierno constitucional.

La memoria democrática, que es, recordemos, la de los que defienden los valores democráticos, no puede ni debe ser “apolítica”, ni puede ser de lo que el vicepresidente ha llamado “dos bandos”, Porque precisamente las víctimas de la dictadura lo fueron por su compromiso político y por la justicia social, No ha lugar a ninguna “equidistancia” y tal supuesto es un nuevo insulto a las victimas de la dictadura, además sería como pretender ignorar que todas las víctimas franquistas fueron exhumadas en la postguerra a cargo del Estado, recibieron pensiones, y recibieron todo tipo de homenajes. Considerar que la memoria democrática es ajena a la política es un insulto a las victimas de la dictadura, pues sufrieron represión por su compromiso político y social precisamente. Creemos por ello precisamente que los partidos y sindicatos a los que pertenecieron deberían poder dar su opinión en un órgano consultor como el Consejo.


Miles de expedientes carcelarios y sentencias políticas de la dictadura se custodian en los archivos históricos provinciales, competencia del Gobierno regional, al que instan los memorialistas para invalidarlos de oficio y restaurar la dignidad de las víctimas.

S. JIMÉNEZ | A. LÓPEZ

 23 DE OCTUBRE DE 2023

GUADALAJARA.- El pasado sábado la Ley de Memoria Democrática cumplía un año desde su entrada en vigor, un tiempo en el que Castilla-La Mancha ha ocupado en diversas ocasiones los titulares, principalmente por la tarea pendiente de exhumar a dos militares golpistas, José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, que todavía permanecen enterrados con honores en la cripta del Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, por lo que en este caso corresponde al Ministerio de Defensa su tramitación.

Además, la región cuenta con dos pueblos que aún son ‘del Caudillo’ y que deberían haber cambiado su denominación para cumplir la ley. Uno es Alberche del Caudillo, que inició en febrero las gestiones para despojarse de su nombre franquista -cambio que todavía, ocho meses después, no se ha hecho efectivo-, y Llanos del Caudillo, cuyo alcalde, del Partido Popular, no quiere ni oír hablar de la modificación del apellido de su municipio, pues ya en el mes de mayo declaró que se trataba de algo que “no preocupa a los vecinos” y que forma parte de la “historia”.

A todo esto, y tras conocerse también este sábado que Castilla-La Mancha será la tercera autonomía -solo por detrás de Andalucía y Cataluña- en recibir fondos de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para proyectos de memoria democrática, con un total de 292.658 euros, se le suma una carencia del Gobierno regional que estos días ha sido reclamada por los memorialistas.

Concretamente, la asociación Foro por la Memoria de Guadalajara ha solicitado al Ejecutivo castellanomanchego que cumpla con la Ley de Memoria Democrática y anote, de oficio, la declaración de anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, al considerarlo un paso “indispensable” para la plena restauración de la dignidad y el honor de las víctimas.


Así lo han trasladado al Gobierno regional a través de su delegado en Guadalajara, José Luis Escudero, con quien se ha reunido el presidente de la asociación, Pedro A. García Bilbao, quien ha solicitado la inscripción “material y expresa” de la nulidad de estos expedientes, lo cual contribuirá a los procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal y como ha insistido -recuerdan- el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli.

Y es que consideran “inaceptable” que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado colectivo acceda a esos expedientes y sentencias, y estos permanezcan inalterados tal y como fueron elaborados por los organismos civiles, policiales, militares y judiciales que dirigieron la política de represión sistemática contra el adversario político, primero durante la Guerra Civil y después con el régimen franquista, “como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas”.

En este sentido, recuerdan que los archivos históricos provinciales, que son competencia del Gobierno regional, custodian “miles y miles de expedientes carcelarios y sentencias de consejos de guerra, de los tribunales de responsabilidades políticas, de la masonería y el comunismo, del Tribunal de Orden Público, y cualesquiera del resto de tribunales relacionados con la represión de la dictadura franquista”. Fondos documentales que fueron trasladados desde los archivos judiciales a los archivos históricos tras cumplirse el plazo legal para que las sentencias pudieran ser consultadas.

Ahora desde el colectivo memorialista piden que, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en el que se declara la “ilegalidad e ilegitimidad de los órganos represivos de la dictadura y la nulidad de sus resoluciones”, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proceda, de oficio, a la inscripción de dicha nulidad en todos y cada uno de los expedientes y sentencias dictados por los órganos de represión.

Nulidad a la que hace referencia el punto tercero de este artículo, declarando asimismo “ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por cualquiera de los tribunales u órganos penales o administrativos existentes durante la dictadura contra “quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones”.

Así, atendiendo a todo ello, Foro por la Memoria de Guadalajara pide que todos los archivos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes incluyan una diligencia en todos los expedientes afectados por este artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática “sin necesidad de que sea solicitada por los afectados o sus familiares”.

Una diligencia que proponen diga: “Se declara la ilegalidad e ilegitimidad y, por tanto, la plena nulidad, de la presente sanción (identificar la resolución sancionadora) dictada contra (identificar a la persona) por el órgano administrativo (identificar el órgano) consistente en (especificar la sanción impuesta) en virtud del artículo 5 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”.

Mientras, para todas las sentencias afectadas por la norma, proponen el siguiente texto: “Se declara la ilegalidad e ilegitimidad y, por tanto, la nulidad de pleno derecho de la presente sentencia (identificar la sentencia y el órgano que la dictó) consistente en (expresar la condena impuesta) en virtud del artículo 5 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”.

Unos fondos documentales, cabe recordar, a cuya digitalización tiene previsto destinar el Ejecutivo autonómico más de 125.000 euros, tal y como apuntaba la viceconsejera de Cultura, Carmen Olmedo, a finales del pasado mes de agosto. Señalaba entonces que el objetivo de esta actuación era no solo la digitalización de cerca de medio millón de documentos, sino también su posterior difusión.

Fuente: https://periodicoclm.publico.es/2023/10/23/nulidad-sentencias-represion-franquista-otra-tarea-pendiente-castilla-la-mancha-ley-memoria-democratica/

El Foro por la Memoria de Guadalajara pide al gobierno regional cumplir la ley respecto las sentencias represivas franquistas

El delegado de la Junta de C-LM en Guadalajara, J.L. Escudero, con miembros del Foro por la Memoria. Foto: Fmgu

Guadalajara, 20/10/2023, FMGU- La asociación Foro por la Memoria de Guadalajara ha presentado ante el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha una solicitud para que sea anotada la declaración de anulación de las sentencias represivas franquistas en los expedientes judiciales, y se haga en cumplimiento la Ley de memoria democrática. 

 Dicha solicitud ha sido presentada por el presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara, Pedro A. García Bilbao al delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis Escudero Palomo, en el seno de la que ha sido una primera reunión y toma de contacto de la entidad memorialista con el nuevo delegado provincial del Gobierno autonómico,

Los archivos históricos provinciales, competencia del Gobierno Regional, custodian miles y miles de expedientes carcelarios y sentencias de los Consejos de Guerra, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y el Comunismo, Tribunal de Orden Público, y cualesquiera otros tribunales relacionados con la represión de la Dictadura franquista. Dichos fondos documentales fueron trasladados desde los archivos judiciales a los archivos históricos tras cumplirse el plazo legal para que las sentencias pudieran ser consultadas.
La petición del Foro por la Memoria se fundamenta en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que declara en su artículo 5 la ilegalidad e ilegitimidad de los órganos represivos de la dictadura y la nulidad de sus resoluciones. En cumplimiento de dicha ley la entidad memorialista solicita la inscripción de oficio de dicha nulidad en todos y cada uno de los expedientes y sentencias dictados por dichos órganos represivos. 

En opinión del Foro, la inscripción material y expresa de la nulidad es indispensable para la plena restauración de la dignidad y el honor de las víctimas, y coadyuvará, sin duda, a procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, tal y como ha insistido Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Consideramos inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado colectivo común acceda a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan inalterados tal y como los elaboraron los organismos civiles, policiales, militares y judiciales, entre otros, que dirigieron la política de represión sistemática contra el adversario político durante la Guerra Civil y el régimen franquista, como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas. 

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece lo siguiente en relación con las sentencias y sanciones: 

Artículo 5. Declaración de ilegalidad e ilegitimidad de órganos y nulidad de sus resoluciones. 1. Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. 2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, se declara en todo caso la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley. 3. Igualmente, se declaran ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.

En atención a lo previsto en el artículo anterior, solicitamos que los archivos que dependen de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes incluyan la siguiente diligencia en todos los expedientes afectados por el artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática sin necesidad de que sea solicitada por los afectados o sus familiares, es decir, que se realice este acto de oficio: 

“Diligencia: Se declara la ilegalidad e ilegitimidad y, por tanto, la plena nulidad, de la presente sanción (identificar la resolución sancionadora) dictada contra (identificar a la persona) por el órgano administrativo (identificar el órgano) consistente en (especificar la sanción impuesta) en virtud del artículo 5 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”.

Asimismo, solicitamos que se incluiya la Diligencia siguiente en todas las sentencias afectadas por la norma y con el siguiente literal: 

“Diligencia: Se declara la ilegalidad e ilegitimidad y, por tanto, la nulidad de pleno derecho de la presente sentencia (identificar la sentencia y el órgano que la dictó) consistente en (expresar la condena impuesta) en virtud del artículo 5 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”.

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contacto: foroporlamemoriaguadalajara@gmail.com

La exhumación del cementerio de Las Casas, bajo secreto de sumario

Recuerdo y Dignidad presentará una denuncia por crímenes contra la humanidad

Recuerdo y Dignidad ha iniciado este viernes 22 el proceso de exhumación de las víctimas del franquismo asesinadas en el cementerio de Las Casas en un escenario judicializado. La jueza instructora del caso ha decretado el secreto de sumario. La providencia decreta la restricción de acceso al lugar del crimen a toda persona ajena a las tareas de exhumación y la “total exclusión” de los medios de comunicación. Como consecuencia, en esta ocasión Recuerdo y Dignidad no podrá llevar a cabo la labor de difusión y divulgación que realiza antes, durante y después de cada intervención. Sin embargo, la aplicación de los protocolos de protección de la zona supone un avance en cuanto al tratamiento de las víctimas, con el respeto que se merecen, tal y como sucede en el resto de países con crímenes que afectan a los derechos humanos. Ésta es la sexta ocasión en que Recuerdo y Dignidad consigue abrir una causa por crímenes del franquismo, si bien esta vez supone un salto cualitativo en cuanto a la intervención por parte del juzgado. La Sociedad de Ciencias Aranzadi es la encargada de las tareas de exhumación al no disponer el Instituto de Medicina Legal de Soria de un equipo propio de arqueología forense.

En paralelo a la exhumación judicializada, Recuerdo y Dignidad está preparando una denuncia en la que se demuestra de forma fehaciente la motivación política de los asesinatos cometidos en Las Casas, que no es una excepción en el marco de asesinatos y crímenes de lesa humanidad por motivación política llevados a cabo por el franquismo. En ella, quedan patentes los patrones de exterminio sistemático por motivación ideológica planeados de forma premeditada e implementados por el régimen franquista desde el principio del levantamiento militar hasta el final de la dictadura. Por todo ello, ésta podría ser considerada la primera de un nuevo tipo de exhumaciones judicializadas y acordes a la nueva Ley de Memoria Democrática y más similares a las implementadas en cualquier otro país con delitos similares contra los derechos humanos y que cuentan con protocolos legales que respetan a las víctimas y las tratan como tales. Si bien hasta el momento no han sido consideradas jurídicamente como crímenes contra la humanidad.

Foto: Recuerdo y Dignidad

Fuente: https://recuerdoydignidad.org/notas-de-prensa/es/notas-de-prensa/la-exhumacion-del-cementerio-de-las-casas-bajo-secreto-de-sumario?fbclid=IwAR2a_14B2Mek7La94Lza4tpXR9xcpMXW5o812CVcX5I00nCqnCiAJEe-zuQ

Nueva exhumación en el cementerio de Las Casas este viernes en busca de 34 cuerpos


Los trabajos en la segunda fosa común más grande la provincia están judicializados y son la continuación de los habidos a finales de mayo, cuando se encontraron ya restos de siete cuerpos



Restos encontrados en la prospección en Las Casas en junio.GONZALO MONTESEGURO

Pilar Pérez Soler, Soria

La asociación memorialista de Soria Recuerdo y Dignidad continúa este viernes 22 de septiembre con la exhumación de cuerpos en la fosa común del cementerio de Las Casas: hasta 34 cuerpos puede contener esta fosa, la segunda mayor de la provincia de Soria, después de la de Matas de Lubia, si bien en este caso está localizada pero sin intervención.

Se trata de la segunda exhumación en Las Casas tras los primeros trabajos de prospección en finales de mayo, cuando se hallaron varias fosas comunes y se exhumaron los restos mortales de siete personas, víctimas del franquismo, con presencia judicial. En esta segunda fase se procederá a la exhumación del resto de cuerpos encontrados durante la prospección, aunque se espera hallar un número superior durante la exhumación. «En aquella prospección se delimitó la fosa para conocer la magnitud. Se exhumaron siete cuerpos pero una vez que profundizamos, debajo no había nada. El resto están en una zona anexa, junto a la primera fosa. Pensamos que habrá 34, contando los siete primeros, pero hasta que no exhumemos todo no lo sabemos con exactitud», afirma Sherezade Benito Menéndez, de Recuerdo y Dignidad.

¿Por qué 34? La exhumación de esta fosa común es la culminación de 15 años de investigación, basada en documentación archivística y el libro La represión en Soria, de Antonio Hernández, donde aparecen esos desaparecidos. El tercer pilar para localizar estos enterramientos clandestinos y poner nombre a los asesinados han sido los testimonios orales de familiares y de vecinos de Las Casas, lo que ha sido «fundamental» en este caso. De este modo, se sabe que los cuerpos enterrados son de personas originarias de Soria, concretamente de Deza, Pozalmuro, Noviercas, Castilruiz y Mazalvete. El listado de Recuerdo y Dignidad comprende, además, hasta 50 prisioneros de Sigüenza.

Al igual que la ocasión anterior, la exhumación de este viernes cuenta con la autorización de la Juzgado. En junio, y tras una primera intervención, los trabajos de prospección pasaron al día siguiente al ámbito judicial con la visita de una forense del Instituto de Medicina Legal de Soria.

Desenterramientos

Miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se harán cargo de nuevo de las tareas de exhumación, al no disponer de un equipo de antropología forense el Instituto de Soria. Ésta es la quinta ocasión que la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad consigue que se judicialice una exhumación de víctimas de la represión franquista durante el levantamiento militar de 1936, según destacaron en su momento.

Esta judicialización del proceso obliga a seguir un protocolo en las actuaciones que incluye la presencial policial durante los desenterramientos, el acordonamiento de la zona así como el secreto de sumario, entre otras cuestiones, explica la asociación. Los trabajos de exhumación comenzarán en torno a las 11 de la mañana de este próximo viernes.




Fuente:
https://www.heraldodiariodesoria.es/soria/230919/155309/nueva-exhumacion-cementerio-casas-viernes-busca-34-cuerpos.html

«En La Moneda se respiraba el aliento de la muerte»: los detalles del golpe del 11 septiembre en Chile revelados por Joan Garcés, el asesor más cercano a Allende

De traje y corbata, el abogado Joan Garcés (Valencia, 1944) abre la puerta de su oficina con una sonrisa.

Son las 5 de la tarde de un día de septiembre en Madrid, la capital de España. Sobre su escritorio hay una fotografía donde aparece junto al expresidente de Chile, Salvador Allende (1970-1973), y Óscar Agüero, exembajador de Chile en España. “Eso fue un fin de semana de 1972. Estábamos en la casa de campo que [Allende] tenía en las afueras de Santiago”, recuerda, con algo de nostalgia. Joan Garcés es un testigo privilegiado de lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973.

El español llegó al país sudamericano un par de años antes, atraído por la historia de Allende, con quien forjó una fuerte amistad. En 1970, cuando Allende se convirtió en el primer presidente socialista del mundo en llegar al poder a través de la vía democrática, Garcés pasó a ser su asesor más cercano.

Tres años más tarde -y tras meses de polarización y tentativas de alzamientos militares fracasadas-, las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, derrocaron al gobierno de la Unidad Popular (UP), dando lugar a un régimen militar que duró 17 años y dejó cerca de 40.000 víctimas, entre ellas más de 3.000 muertos y desaparecidos.

El día del ataque, Joan Garcés estuvo en el palacio presidencial junto a Allende. Se mantuvo a su lado hasta que el mandatario le ordenó abandonar La Moneda con el fin de que le transmitiera al mundo lo que allí había ocurrido. Allende moriría poco después.

Garcés no solo cumplió con la tarea que le encomendó -con libros como “Allende y la experiencia chilena” o conferencias-; también acabó convirtiéndose en artífice de la histórica detención de Pinochet en Londres, en 1998.

Reacio a dar entrevistas, y sobre todo a revelar fragmentos de su vida personal, Joan Garcés cuenta a BBC Mundo detalles inéditos sobre el 11 de septiembre y los días posteriores, como su compleja huida de Chile.

También hace especial énfasis en la responsabilidad de Estados Unidos en el quiebre democrático en Chile y pide una condena pública a la Casa Blanca, luego de que la desclasificación de diversos registros evidenciara su rol en el golpe.

Salvador Allende junto a Joan Garcés,
Pie de foto,En esta fotografía inédita aparece Salvador Allende junto a Joan Garcés y Óscar Agüero, exembajador de Chile en España, en 1972.
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Quiero partir transportándolo al 11 de septiembre de 1973. ¿Qué recuerda de ese día?

Ese día era una fecha importante porque al mediodía el presidente Allende tenía previsto pronunciar un discurso anunciando al país medidas económicas de emergencia y la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos pudieran elegir el camino a seguir: el que le ofrecía el gobierno o el que le ofrecía la oposición.

Entiendo que, ese día, usted estaba en la casa presidencial desde temprano…

La noche del 10 de septiembre hubo una reunión que terminó a la 1:30 de la madrugada con el presidente, el ministro de Defensa (Orlando Letelier), el del Interior (Carlos Briones), el director de Televisión Nacional (Augusto Olivares) y yo.

Preparamos el discurso que Allende iba a pronunciar al día siguiente.

Y yo pasé la noche en la residencia del presidente porque la reunión de trabajo iba a continuar en la madrugada.

Pero el director de Televisión Nacional, que también había dormido ahí, me despertó a eso de las 7:15am diciéndome que había una sublevación en el puerto de Valparaíso, de la Marina.

Y entonces…

Entonces nos fuimos al palacio presidencial, junto al presidente.

El presidente ingresó con la información de que el Ejército era leal y ocupó su puesto de mando para dirigir la defensa del sistema constitucional y a medida que fueron pasando los minutos fue entrando la información de que el golpe estaba en desarrollo.

A las 8:30 de la mañana entró el primer mando de la junta pidiéndole a Allende que entregara su legitimidad como jefe de Estado a la junta militar, cosa a la que evidentemente él se negó.

Alrededor de las 9, el presidente pronunció su última alocución y cuando terminó, se inició el asalto de infantería, el ataque de blindados y aéreo que duró hasta cerca de las 13:30 horas, en el que el palacio estaba ardiendo, con humo, no se podía respirar.

El presidente le ordenó a sus colaboradores que abandonaran el palacio porque era imposible continuar allí por el humo y el fuego.

¿Usted se mantuvo al lado del presidente todo el tiempo?

Sí, yo estuve con él. Lo acompañé toda la mañana hasta las 11:15 horas, que fue cuando él me dijo que saliera y me preservó la vida.

¿Cómo fue ese diálogo, cuando Salvador Allende le ordenó que abandonara La Moneda?

Fue en el momento en el que él reunió a todos sus colaboradores, a eso de las 11 de la mañana. Él explicó que su obligación y deber era defender lo que él representaba como jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Pero que no tenía sentido que los demás muriéramos y nos dejó en libertad.

En ese momento se dirigió a mí, no sé por qué, y me pidió que saliera. Y yo le pregunté por qué, por qué a mí. Y me dio razones.

Una de ellas fue que alguien tenía que contar lo que ahí había pasado.

“Y solamente usted puede hacerlo”, me dijo. Porque yo era su más directo colaborador. Miró a los demás compañeros y todos asintieron.

Me acompañó hasta la puerta y salí. Por eso estoy vivo

La Moneda protegida por la policía chilena, Carabineros, a las 8 de la mañana del 11 de septiembre de 1973.
Pie de foto,La Moneda protegida por la policía chilena, Carabineros, a las 8 de la mañana del 11 de septiembre de 1973.

En el momento en el que estaba en la puerta de La Moneda, ¿dudó en salir?

Dudé, manifesté mi desacuerdo y por eso Allende me dio razones. Porque yo objeté su decisión. Pero evidentemente tenía toda la razón.

¿Alguna vez se arrepintió de salir?

No puedo arrepentirme puesto que me salvó la vida.

Le cuento una anécdota.

Dos días después del golpe, el director general de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, perteneciente a la ONU), Enrique Iglesias, se dirigió al almirante (Ismael) Huerta, que dirigía el Ministerio de Relaciones Exteriores de los golpistas, para interceder por mí.

Y este le dijo que si había una persona a la cual querían detener por encima de todas era al secretario general del Partido Socialista (Carlos Altamirano) y a mí, el asesor personal del presidente.

Y de hecho, en las actas secretas de la junta, en la número dos, fechada el día 13 de septiembre, hay tres líneas en la que la junta acuerda detenerme si yo era localizado.

Es decir, manifiestamente Allende me salvó la vida.

Volviendo al ataque en La Moneda. ¿En algún momento estuvo incrédulo de lo que estaba pasando? Se lo pregunto por la cantidad de intentos de golpe que hubo antes de ese 11 de septiembre…

Yo traía una pequeña radio portátil y a las 8:30 de la mañana, cuando escuché al bando de los insurrectos pidiéndole a Allende la transmisión del mando, me quedó clarísimo que la información que teníamos hasta ese momento, de que el Ejército era leal, era incorrecta.

Cuando empezó el ataque, que fue mi bautismo de fuego, fue realmente impresionante… Cuando uno ve que están ametrallando, atacando con cañonazos.

Nosotros, los colaboradores del presidente, estábamos muy impactados por lo que estaba pasando. Lo que contrastaba con la absoluta serenidad y tranquilidad del presidente.

Ese día, él estuvo muy sereno y dueño de sí mismo.

¿Y usted cómo estaba?

Sentía que podía morir. En ese momento se piensa en la muerte.

Tomé un teléfono y llamé a una persona amiga. Le di la dirección y el teléfono de mis padres en España para que les explicara por qué había muerto.

Me estaba despidiendo de la vida.

¿Estaba dispuesto a morir allí?

No solo yo.

Cuando el presidente reunió a todos sus colaboradores civiles, diciéndoles que estaban en libertad de salir, ninguno salió.

Todos se quedaron con él.

Después del asalto, los detuvieron a todos, a la mayoría los torturaron, los asesinaron y algunos desaparecieron.

El equipo personal del presidente de Chile fue exterminado en exactamente 48 horas.

¿Qué más recuerda de ese día?

Recuerdo que esa mañana llegué a La Moneda con mi cartera con los documentos de trabajo, con el discurso que para ese día estaba previsto.

Cuando iba a salir, el presidente me acompañó hasta la puerta principal y me preguntó: “¿Qué lleva usted en esa cartera?”. “Bueno, los documentos con los que hemos estado trabajando”. Y me dijo: “Mejor la deja”.

Se la dejé a su jefe de prensa, que lo llamaban el Negro Jorquera porque era muy moreno. Pero me di cuenta de que la tez de su cara estaba verde…

Es decir, se respiraba el aliento de la muerte en ese momento dentro del Palacio.

Durante el ataque a La Moneda, ¿usted tuvo que tomar armas en algún momento?

No. El riesgo de un golpe de Estado estuvo presente desde antes que Allende asumiera.

Hubo una decena de intentos de golpe de Estado que fueron sofocados por la jerarquía constitucionalista de las Fuerzas Armadas.

Si Allende pudo asumir la presidencia en noviembre de 1970 es porque en las Fuerzas Armadas había oficiales constitucionalistas, un Ejército republicano.

Y eso estuvo presente durante los tres primeros años y fue lo que sostuvo al gobierno frente a la conspiración impulsada por Estados Unidos. Hasta que a fines del mes de agosto del 73 se produce la traición.

Joan Garcés

Así como el comandante en jefe (René Schneider) en octubre de 1970 se negó a cumplir las órdenes de Washington y dar el golpe, lo que le costó la vida*, el general que comandó el Ejército a fines de agosto (Augusto Pinochet) encabezó la traición.

Por consiguiente, desde octubre de 1970, Allende formó unos escoltas personales de jóvenes militantes del Partido Socialista que estaban identificados con el programa de gobierno.

Y esos jóvenes, unos 15 o 20, estaban dentro del palacio (el 11 de septiembre), eran sus escoltas personales, y todos tenían formación en manejo de armas.

Son ellos los que hicieron frente al ataque. Son los héroes, junto al presidente, de una batalla que militarmente no tenía desenlace equívoco.

Para el presidente, fue una batalla de carácter política y moral, frente a una traición y un ataque tan brutal contra las instituciones del Estado.

Y esa batalla Allende la dio por sentido político. Él era un político. Y fue su última batalla política.

Y si estamos hablando de ese día hoy, 50 años después, es porque política y moralmente esa batalla la ganó al costo de su vida.

Salvador Allende en medio del ataque a La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
Esta es la última fotografía que muestra a Salvador Allende con vida en medio del ataque a La Moneda.

¿Dónde se refugió después de salir de La Moneda?

Al salir de La Moneda me fui a la residencia de una persona (Joaquín Leguina), amigo de mi hermano, con la que no había estado nunca y que no formaba parte de mi círculo personal y, aunque me buscaban, no lo hacían ahí.

¿Y qué pasó allí?

No podíamos salir porque había toque de queda.

Él (Leguina) es un escritor y en uno de sus libros cuenta esas 72 horas en que yo estuve en su casa y todavía está temblando… Por lo que significaba en ese momento, en medio de una dictadura brutal, donde asesinaban y mataban, donde tu nombre está en la televisión y la radio… Él era consciente de que si me encontraban en su casa, él mismo podía ser detenido y podían matarlo.

En ese momento, la vida no valía nada.

¿Y usted también temblaba?

No, yo tengo un temperamento en que ante un desafío, me tranquilizo.

Cuando se levantó el toque de queda, me llegó la información de que los tres cuerpos diplomáticos españoles, el nuncio del Vaticano, el representante de la Cepal y el embajador (español) me ofrecían su residencia. Un gesto muy bonito.

Tras un análisis político y militar, decidí ir a la residencia de quien tenía un ejército detrás, es decir, del embajador de España.

Y fue una opción decisiva.

¿No le generó incomodidad abandonar Chile con la ayuda del embajador español, que representaba a Francisco Franco?

Lo primero que dije cuando entré a la embajada fue: embajador, lamento conocerlo en estas circunstancia. Porque me habían invitado a las recepciones de la embajada pero yo no iba, era una manera de manifestar que yo estaba en oposición al franquismo.

(Enrique Pérez Hernández) era un embajador del general Franco y además conservador.

Y sin embargo, me acogió en su casa e hizo una gestión brillantísima para conseguir un salvoconducto y poder salir del país sin consultar a Madrid. Ese fue el mérito. Porque si hubiese consultado, posiblemente el gobierno le hubiera dicho que de ninguna forma. Los militares me estaban buscando.

Él me contó que una noche, estando ya en la cama, una patrulla militar le pidió permiso para entrar (a su residencia).

Le dijeron: “Queremos saber si Joan Garcés está aquí”. “Yo les digo que aquí no está”, respondió él, apuntando con sus dedos hacia la planta baja. Y claro, ahí yo no estaba, estaba arriba.

Junta militar Chile
La junta militar conformada por Gustavo Leigh, Augusto Pinochet, José Toribio Merino y César Mendoza.

¿Cómo se fue de Chile?

En la semana siguiente al golpe, España envió a Chile un avión chárter, de esos que se prestan en situaciones de catástrofe, con mantas, medicinas, etc.

Y la junta militar citó al embajador para agradecerle a España el gesto que había tenido de enviar ese avión.

En ese momento, en una situación en que el jefe de la junta militar le estaba dando las gracias, fue cuando el embajador le dijo: “Tengo un favor que pedirle: un salvoconducto para Joan Garcés”.

“¿Pero cómo es posible que usted, embajador del general Franco, me pida un salvoconducto para un socialista, asesor personal de Salvador Allende?”, le respondió.

Y el embajador le dijo: “Efectivamente, las ideas del general Franco son muy distintas pero es un español y está en territorio español. Y en estos asuntos está por el medio el honor y la bandera. España no se los va a entregar a ustedes”.

“Pero es una decisión que yo no puedo tomar, la junta ya decidió detenerlo”.

Y entonces el embajador le dijo: “¿Pero cómo si usted es el jefe de la junta? ¿El comandante en jefe del Ejército no tiene autoridad para hacer un salvoconducto?”. Y le picó el amor propio.

La conversación terminó diciendo: “Bueno, haré lo que pueda”.

Y efectivamente llevó el tema a la junta militar y el general (Gustavo) Leigh (comandante en jefe de la Fuerza Aérea) se negó, argumentó en contra, diciendo que si yo salía del país podía hacerle mucho daño a la junta, pero ya el jefe de la junta estaba comprometido con el embajador de España y se aprobó el salvoconducto.

Así que yo volví en el mismo avión chárter, naturalmente vacío.

Íbamos 4 en un avión para 150 personas. Iba yo, mi hermano, un exministro que se llamaba Ernesto Torrealba, y otro ciudadano español que no recuerdo el nombre.

¿En qué minuto usted se enteró que el presidente se había muerto?

La radio transmitía solo música militar y bandos militares.

Cuando ingresé a la residencia del embajador, no sé si ya se había hecho público que había muerto.

Pero para mí no ofrecía ninguna duda. En su última alocución, él hizo esa reflexión: pagaré con mi vida. Ese manifiesto lo dijo por la radio. Y yo conocía perfectamente su mentalidad, sabía que iba a morir combatiendo.

Siempre me han preguntado cómo murió el presidente. Yo digo que no lo sé. Porque tengo dos versiones, pero ambas versiones para mí son indistintas.

Desde el momento en que él está dispuesto a morir en combate, quien dispara la bala que le mata es irrelevante.

Lo que importa es su decisión de combatir hasta la muerte.

Joan Garces sobre Allende

¿Cómo recuerda a Salvador Allende?

Sigmund Freud tiene un segmento para clasificar a las personas entre dos extremos: el necrófilo y el biófilo. Allende estaba manifiestamente en el extremo de los biófilos.

Era un hombre que amaba la vida, las cosas buenas y los placeres de la vida. Ése era Allende. Era un hombre afable, de diálogo fluido. Solía hacer bromas y a su vez era una persona de unas convicciones extraordinarias.

(En Allende había) un pensamiento y un análisis de la realidad y valores que fueron constantes en su vida. Valores de la Revolución Francesa liberal democrática que arranca del siglo de las luces.

Una visión del socialismo que incorpora raíces de libertades, de racionalidad y de humanidad.

Allende era una persona realmente humana. Y el último día de su vida lo demostró cuando su preocupación estuvo en salvar vidas.

Salvador Allende
Pie de foto,Salvador Allende murió el 11 de septiembre de 1973, en La Moneda.

Yendo a los meses anteriores a ese 11 de septiembre y a sus causas, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho que el golpe no era inevitable… Pero otros dicen que sí… ¿Qué piensa usted?

No cabe ninguna duda (que era evitable).

Tiene usted los propios cables de los servicios secretos del presidente (de EE.UU., Richard) Nixon, el último se acaba de desclasificar, en el que dicen que le informaron a Nixon, el día 8 de septiembre del 73 y el mismo 11 de septiembre, que la posición del presidente era una salida política a la situación que vivía el país.

Por consiguiente, el golpe, desde el punto de vista del gobierno de Allende, era evitable porque había una salida política a la crisis que se había provocado como consecuencia de una guerra encubierta e híbrida del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Chile.

Por otro lado, la traición, por primera vez en la historia de Chile, del jefe máximo del Ejército a un presidente de la República es lo que permitió que se produjera el golpe.

Si el jefe del Ejército en el 73 no hubiera sido un traidor, con un fondo criminal, como después se desveló, el golpe hubiera fracasado, tal como fracasaron los intentos anteriores.

Por consiguiente, con oficialidad republicana en puestos claves en las Fuerzas Armadas, más un presidente dispuesto a evitar una confrontación violenta en el país y una vía política abierta para que se encausara por ahí la crisis, el golpe era no solo evitable sino que no debería haberse producido.

Es la acumulación de esos factores, con el motor e impulso de Estados Unidos, lo que provoca el golpe y la tragedia que siguió en el país.

Por eso yo siempre digo que el origen del golpe en Chile es exógeno, está en la Casa Blanca.

Joan Garcés

Pero después de 50 años, ¿cree que Allende y su gobierno pudieron haber hecho algo más para evitar el golpe?

Yo he respondido a esa pregunta en uno de mis libros, cuando analizo la política militar del gobierno y de los partidos de la izquierda chilena.

Ahí explico mi discordancia con esa política militar.

¿Por qué? Por la diferencia de experiencia vital.

Yo había estudiado por qué fracasó el golpe del 36 (en España), en que un sector del Ejército se sublevó contra el gobierno republicano. Fracasó porque el sector leal al gobierno, con el apoyo de las organizaciones populares, hizo frente a la insurrección.

En cambio en Chile no tenían esa experiencia histórica. Chile era un país de una continuidad y estabilidad singular en toda América Latina. El único país con un ejército con una reputación bien ganada de ser respetuoso de la institucionalidad democrática del país.

Por consiguiente, no tenía los reflejos que yo tenía.

Desde el primer momento en el gobierno, yo lo hablaba con el presidente como lo estoy hablando con usted, en el sentido de que había que prever la posibilidad de que hubiera una nueva insurrección contra el gobierno como la que se había intentado días antes de que él asumiera.

Entonces él tenía que diseñar una política militar de defensa en que pudiera, como jefe de las Fuerzas Armadas, dentro de la Constitución y preservando el estado de Derecho y la democracia, hacer frente a una insurrección.

Él (Allende) lo podía hacer articulando al Ejército profesional bajo dirección política del legítimo presidente de la República y de las organizaciones populares.

Y él lo entendió y lo hizo público en un discurso. Pero pasaron los meses, los años, y no se concretó.

Henry Kissinger y Richard Nixon en 1972.
Henry Kissinger y Richard Nixon en 1972.

¿Conoció a Pinochet? ¿Qué opinión tenía de él?

Yo conocí al general (Carlos) Prats. Pinochet llegó a la comandancia en jefe por un azar.

Porque en el momento en que el general Prats presentó su dimisión, el presidente le preguntó: “¿Qué otro general puede asegurar la lealtad del Ejército?”.

Y Prats le recomendó a su jefe de Estado Mayor, a Pinochet. Si Prats hubiese recomendado a otro, Pinochet hubiera pasado a retiro tranquilamente y nadie sabría de su existencia.

Prats tenía la convicción de que era un hombre leal. Si no, no lo hubiera recomendado.

Y hasta tal punto es la villanía de esta persona (Pinochet), que un año después mandó a asesinar a Prats, que estaba refugiado en Buenos Aires, habiendo sido su superior y su compañero de armas.

¿Qué sintió en el minuto en que Pinochet fue detenido en Londres? ¿Sintió una especie de ajuste de cuentas con la historia?

Bueno, sentí que lo había conseguido.

En España el juez no puede ordenar la detención de nadie si no se lo pide el ministerio fiscal o la acusación. El ministerio fiscal estuvo siempre a favor de Pinochet. El juez no podía hacer nada por ese lado. Solamente si la acusación particular, que yo representaba y con mi firma, se lo pedía.

O sea, que si Pinochet fue detenido fue porque yo, con todas las pruebas que había reunido de las víctimas chilenas y no chilenas que yo representaba, pedí la detención.

Cuando se produce la detención, estuve muy tranquilo.

Y ahí empezó otra fase que era la extradición y que termina con la decisión del juez (Roland) Bartle, en octubre del año 99, donde concede la extradición a España.

Judicialmente habíamos ganado el caso, tanto en España como en Reino Unido.

Lo que viene después son los enjuagues políticos para neutralizar la acción de la justicia.

Pero como jurista, mi trabajo estaba hecho.

Pinochet se dirige a un chequeo médico en Londres
Pinochet fue detenido en Londres en 1998.

¿Cómo ve lo que está pasando en Chile ahora y la división que ha provocado la conmemoración del golpe?

En primer lugar, yo quiero manifestar mi respeto y solidaridad con el pueblo de Chile que 50 años después sigue defendiendo los valores democráticos y de vida que fueron aplastados durante la dictadura.

50 años de resistencia que han llevado al gobierno actual a gestos de solidaridad.

En segundo lugar, la burguesía, la derecha, los capitalistas chilenos que empujaron el golpe y que lo pidieron desde antes que el gobierno hubiera asumido, está ahí y sigue siendo favorable a una salida de fuerza y a una interrupción de la vida democrática si a sus intereses les conviene.

En esas circunstancia permítame agregarle la responsabilidad de Estados Unidos.

La administración Nixon es absolutamente el motor de la desestabilización económica y social, y propagandística y mediática que se produce entre el 70 y el 73 para crear el ambiente que permitió el colapso del Estado de Chile y la destrucción del Ejército republicano de Chile.

EE.UU. podría hacer una gran contribución a la situación actual de Chile si hiciera una declaración coherente de condena, de rechazo, respecto a lo que hizo la administración Nixon.

Eso sería un gran apoyo no solo a la democracia en Chile sino un mensaje para todo el mundo.

Joan Garcés
«Estados Unidos podría hacer una gran contribución a la situación actual de Chile si hiciera una declaración coherente de condena, rechazo, respecto a lo que hizo la administración Nixon», dice Garcés.

¿Por qué no ha vuelto a Chile?

No he vuelto a Chile desde el 73.

No volví en dictadura por razones obvias. Y no he vuelto después de la dictadura porque la forma en cómo ha sido administrada la post dictadura no coincide con mi visión de lo que fue y debiera ser Chile.

Entonces muestro mi discrepancia desde la distancia porque no me corresponde intervenir en los asuntos internos de Chile pero como ciudadano libre manifiesto esa discrepancia no viajando a Chile.

¿Discrepancia con todo lo que se ha hecho después de la dictadura?

Con la llamada transición a la democracia… Tanto en Chile, como también en la transición de España tras el franquismo, que tiene muchos semejantes, yo he discrepado de ella.

¿Por qué?

Los pilares sociales y económicos creados a favor de la dictadura, a sangre y fuego, con el látigo y las torturas, han sido mantenidos después de la caída de la dictadura y están condicionando la vida de millones de trabajadores, tanto en Chile como en España.

Y esa forma de concebir la transición no la he compartido. Es una opción personal mía.

¿Y no volvería tampoco ahora, con Gabriel Boric en el gobierno?

No. Si las circunstancias cambian mañana, haremos un nuevo análisis. Pero hoy, no.

FMGU 11/09/2023.- Esta mañana hemos llevado a cabo una ofrenda floral en la placa de las pistas deportivas Salvador Allende en Guadalajara a los 50 años del golpe cívico-militar contra la democracia en Chile #Allende
Organizado por el Núcleo de Guadalajara del Partido Comunista de España (PCE) y el Partido Comunista de Chile (PCCh) con el apoyo del Foro por la Memoria de Guadalajara, y los sindicatos UGT y CCOO.
Fotos: Xulio García/FMGu y Manuel Torres Rodríguez-Barbero

El próximo día 11 de Septiembre el PCE en Guadalajara y el Partido Comunista de Chile hemos organizado una ofrenda floral en el Panel de las Pistas deportivas Salvador Allende, en el 50 aniversario del golpe cívico-militar en Chile.

Organizan PCE y PCCh y apoyan UGT, CCOO y Foro por la Memoria.

La ofrenda floral tendrá lugar el 11 a las 11 en las pistas deportivas Salvador Allende, en el barrio de La Rambla, en la confluencia de las calles Marcelino Martín y Tomillo, en el municipio de Guadalajara.

FMGU, 11/02/2023- Asistimos en Poitiers (Francia) en nombre de Foros por la Memoria @foromemoria a la capilla ardiente del Enrique Lister López, hijo del dirigente del PCOE Enrique Líster Forján fallecido hace dos días en el país vecino,
Le han enterrado con las banderas por las que luchó y que en este caso la familia nos hizo el honor de aceptar las que nosotros mismos llevamos desde España para la ocasión, pues la familia no tenia ninguna.

En la foto, Pedro Alberto García Bilbao, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, presenta sus respetos ante el féretro Que la tierra te sea leve camarada.
Ni un sólo dirigente de ningún partido de izquierda ha acudido desde España, excepto su bien amigo Alejandro Fernández Suárez y nosotros mismos.

Fotos: Fed. Est. Foros por la Memoria

Foto: FMGU

Pedro Garcia de FEFM ante el féretro de Enrique Lister López- Foto: FMGU