En el curso organizado por la UNED a inicios de este verano sobre la batalla de Guadalajara, uno de los conferenciantes, militar e historiador militar, entre otras cuestiones más que discutibles se permitió afirmar que las tanquetas Ansaldo no se llamaban así. Claro, se llamaban Fiat Ansaldo CV L35. Volveremos sobre su intervención

Fiat Ansaldo Carro Veloce Ligero — 35 CV L35 —

A la derecha, una tanqueta Fiat Ansaldo CV L35 1935

Más material italiano

Más detalles

Film de propaganda italiana 1940. Es el mismo material usado en España.

Material aéreo

 

81 aniversario de la Sublevación fascista en Guadalajara

GUADALAJARA, LOS CUARTELES SE SUBLEVAN

21/07/2107.- Óscar de Marcos (FMGU)

Guadalajara era una provincia netamente tradicionalista, había sido feudo del Conde de Romanones, pero con escasa presencia falangista. En el verano del 36 albergaba unos cuarteles militares claramente divididos en cuanto a su lealtad a la joven Republica se refiere. Era vital para Emilio Mola que la provincia se sublevara, para así facilitar, por su cercanía a Madrid, que las columnas de Navarra y Zaragoza llegaran a la capital de la Republica. La realidad en Guadalajara y su provincia, fue otra.

Guadalajara del primer tercio de siglo era una provincia dominada por las políticas clientelistas de Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones, aunque durante los últimos años, los obreros de la provincia habían comenzado a organizarse y a reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Se produjeron algunas huelgas y conflictos en industrias resineras y en salinas, algunos ayuntamientos habían comenzado a realizar rotulaciones de tierras y a reclamar trabajo para sus vecinos. Además, en la capital, las importantes industrias de “La Hispano” y “La Pizarrita” habían realizado varios paros y movilizaciones. Viendo peligrar el estatus social establecido, algunos terratenientes comenzaron a sentirse amenazados y a responder, en algunos casos, de forma violenta.

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 propició la descomposición de los partidos tradicionalistas, dando paso así a que los más jóvenes conservadores se radicalizaran y formaran las primeras “falanges” de la provincia que, aunque poco numerosas, fueron muy conflictivas, poniéndose junto a jóvenes de Acción Popular, al servicio de la patronal para favorecer el conflicto entre patronos y obreros, con el fin de provocar una intervención militar.

Nada pudo justificar el golpe militar de julio del 36. Guadalajara fue una provincia con total ausencia de incidentes de carácter anticlerical o revolucionario, y los que se produjeron tuvieron el sello de las acciones violentas de elementos incontrolados de derechas. El 14 de abril de 1936 un grupo de ultraderechistas asalta el Ayuntamiento de Brihuega enfrentándose a los vecinos del pueblo. Previamente se habían producido enfrentamientos en municipios como Auñón, Mantiel o Imón. El mismo 14 de abril, en la capital alcarreña, durante el desfile militar de celebración del aniversario de la Republica, se producen gritos fascistas y un ataque al bar La Tropical.[1] Además, durante la primavera del 36 eran asesinados en la provincia dos carteros rurales sindicalistas, Víctor Bernáldez y Francisco Gonzalo, este último presidente de la Casa del Pueblo de Sigüenza.[2] El gobernador civil de Guadalajara, Miguel Benavides que era conocedor de las ansias subversivas de algunos militares, comunica al Ministerio de Gobernación la conveniencia de trasladar o detener a diversos militares acantonados en Guadalajara dada su marcada desafección a la Republica.[3] 

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José Rubio García, capitán de la Guardia Civil, es liberado de un cautiverio en el que fue torturado, véanse las heridas sufridas en su rostro. Foto: AGA

Los planes de los militares golpistas situaban a Guadalajara como pieza clave en el devenir de la sublevación militar. Mola establecía que 24 horas después de iniciado el golpe, las columnas que llegarían del norte deberían concentrarse en la capital alcarreña para caer sobre Madrid. Consideraba también que si el transporte por ferrocarril fuese posible, un fuerte destacamento llegaría a las inmediaciones de Guadalajara lo antes posible con la misión de ejercer una “extrema vanguardia”.[4]

El 2 de julio llega a la prisión militar de Guadalajara el ex teniente-coronel Anselmo Loscertales, condenado por su actuación durante los actos de celebración del aniversario de la Republica Española en Zaragoza. Un día después, diversos militares de Guadalajara, miembros de la Comandancia Militar, la Escuela de Pilotos y Observadores de Vuelo, el Regimiento de Aeroestación, el Colegio de Huérfanos, la Maestranza y Parque de Ingenieros y de la Clínica Militar, visitan a Loscertales y otros militares recluidos por traición en la prisión militar de Guadalajara y acuerdan crear una Junta Militar presidida por el comandante de ingenieros, Rafael Ortiz de Zarate, y completada por los capitanes José Mª Robles, Luis Javaloyes, Luis Casillas y el teniente José Burgos.[5]

Durante esos primeros días de Julio, también visitó Guadalajara el general Emilio Mola. Con el pretexto de visitar a unos familiares se reunió con varios mandos militares para darles las últimas consignas.[6] La decisión estaba tomada, la duda sería conocer el nivel de lealtad de la tropa, algo que no quedaba tan claro.

El gobernador civil de Guadalajara, Miguel Benavides, plenamente informado de los planes militares gracias a confidentes leales dentro de la tropa militar, comunica el 17 de julio al comisario de vigilancia y al teniente coronel de la Guardia Civil del destacamento de Guadalajara, Ricardo Ferrari, que extremen la protección de lugares públicos y que efectúen un seguimiento sobre significados personajes de filiación fascista.[7] Acuerdan además concentrar a la Guardia Civil en la capital, abandonando los cuarteles del medio rural.[8] Por la tarde de ese mismo día 17 llegan a Guadalajara noticias confusas de que algunas guarniciones militares se han sublevado en África. Los obreros de la capital se reúnen en la Casa del Pueblo y acuerdan declarar huelga general al menor síntoma de sublevación del ejército.

El día 18 de Julio, siguen llegando a la prisión alcarreña militares arrestados en otras provincias, entre los que se encuentran el contralmirante de la Armada, Ramón Fontela Maristany[9], el general González de Lara[10] y el general Emilio Barrera.[11]

En la noche del 19 de Julio sale de Pamplona una columna motorizada comandada por Francisco García-Escámez la cual estaba compuesta por medio batallón “Montaña Sicilia” y otro medio “Regimiento América” completados por dos compañías de requetés y un centenar de voluntarios falangistas.[12] Al llegar a Logroño se encuentran con una considerable resistencia por parte de la población civil riojana, lo cual retrasó considerablemente la marcha de la columna. Ese mismo día mientras que los destacamentos militares muestran ante el gobernador Benavides su lealtad a la Republica, el coronel de Aeroestación, Francisco Delgado, envía una avanzadilla compuesta por los capitanes Palacios y Arroyo, destinada a contactar con la columna de García-Escámez, sin lograrlo finalmente. Los capitanes, se internaron en la provincia de Soria, siendo detenidos en la población de Almazán y liberados horas más tardes por el gobernador de Soria, Benito Artigas Arpón. Otra expedición parte dirigida por el capitán Robles, a la cual se unen elementos obreros recelosos de estos movimientos. No logran tampoco contactar con la “columna fantasma” pero si traen noticias de ciertos sucesos ocurridos en Budia.

En el pueblo de Budia, situado a unos 45km de la capital, un grupo de jóvenes falangistas asaltaron el día 19 de julio el cuartel de la Guardia Civil[13] apoderándose de todas las armas. Seguidamente se dirigen a unas fincas cercanas al vecino pueblo de Brihuega y se enfrentan a los campesinos que habían incautado algunas tierras, siendo respondidos por estos, los falangistas huyen, en el camino se cruzan con el concejal de Budia Pablo García Alcalde y lo asesinan.[14] El Gobernador Civil envía al comisario de la Guardia Civil, Joaquín García Granaus, el cual realiza unas 30 detenciones, regresando a la capital en la madrugada del día 21.

Al tiempo que los dirigentes golpistas pretendían mostrar su total adhesión a la Republica, algunos militares leales trasmitían en secreto sus verdaderas intenciones. Los representantes del Frente Popular, Gregorio Tobajas, Marcelino Martín y Serrano Batanero se reúnen con el coronel Delgado y este les asegura su fidelidad a la Republica. A pesar de ello, el gobernador civil, que estaba bien informado, comunica al teniente de la Guardia Civil, Ferrari, que organice la defensa del edificio del Gobierno Civil y de otros puntos estratégicos.
Ricardo Ferrari, que había sido instigado por los componentes de la Junta Militar para que secundara el golpe, no lo tenía claro. En los cuarteles el capitán González y el sargento Tena intentan apaciguar las ansias golpistas. En la Prisión Provincial el coronel José Ojeda comunica a sus superiores su decisión de estar al lado de la Republica y en el Colegio de Huérfanos el comandante de Artillería Enrique Mateos es el que se niega a sumarse al golpe, siendo detenido y golpeado.[15]
Mientras, en la fábrica de aviación “Hispano” los trabajadores paran máquinas y desmontan los trenes de aterrizaje de los aviones, haciéndolos inservibles para un inmediato servicio.

En la tarde del día 20, a la vez que llegan noticias del fracaso del golpe en Madrid, un impetuoso Ortiz de Zarate se erige como máximo responsable del golpe militar y ordena que todas las tropas se acuartelen en el Cuartel de la Maestranza.

Durante la mañana del día 21, las fuerzas que custodiaban el Gobierno Civil, confiadas, se fueron a descansar. Poco más tarde, y después de redactar su informe sobre la intervención en Budia, también se retira el comisario Joaquín García Granaus, quedando en el edificio el capitán de la Guardia Civil, José Rubio, el secretario de la UGT, Gregorio Tobajas y algunos obreros armados. Horas más tarde, el ministro de la Guerra, Santiago Casares Quiroga telefonea al coronel Delgado exigiéndole explicaciones concretas sobre la lealtad de la tropa en Guadalajara, este le tranquiliza diciendo que “el Regimiento está al lado del Gobierno”.[16] Un grupo de obreros llega al cuartel de la Guardia Civil con la intención de que le sean entregadas armas, Ferrari duda, en un primer momento acepta la petición pero es duramente criticado por los comandantes Pastor y Cabello, el capitán Carazor y el teniente Vázquez, y en vistas de tal oposición, niega las armas a los obreros.
Al medio día llegan noticias de la sublevación de Alcalá de Henares. El capitán Rubio llama desde el Gobierno Civil al cuartel y no contesta nadie. A los pocos minutos el edificio del Gobierno sufre una lluvia de disparos resultando herido el guardia Riera. Desde el edificio contiguo, el capitán de la Guardia Civil, Espinel, niega la ayuda a los sitiados[17] que pueden aguantar poco tiempo el ataque. El coronel Ortiz de Zárate junto a los capitanes retirados por la “Ley Azaña” Bastos y Palanca[18] asaltan el despacho del gobernador civil, golpean violentamente al capitán Rubio y detienen a Miguel Benavides, son interrogados por Fernando Palanca y Antonio Bastos y finalmente recluidos en el Cuartel de San Carlos, donde escuchan a un oficial ser asesinado por enfrentarse a los golpistas.[19] Coordinadamente, otros militares toman el Ayuntamiento, la Casa del Pueblo y la Prisión Militar, liberando a los militares Barrera, González Sanz, Fontela… y a un grupo de falangistas, al tiempo encarcelan al director de la Prisión, el Sr. Ojeda. En el Cuartel de la Maestranza se producen algunos enfrentamientos con soldados leales a la Republica siendo reducidos y detenidos los gubernamentales. La mayoría de los guardias civiles se niegan a secundar el golpe, quedando recluidos en los calabozos del cuartel.
Una vez reducida toda resistencia en el edificio del Gobierno Civil, el ex capitán Antonio Bastos Ansart se hace cargo de un nutrido grupo de falangistas para atacar las bolsas de resistencia de la Casa del Pueblo y el Ateneo. Félix Valenzuela[20], a la sazón diputado a Cortes y jefe provincial de la CEDA se hace cargo del Gobierno Civil y Fernando Palanca, desde el edificio de Teléfonos intenta incesantemente el contacto con la “columna García-Escámez”. Durante esa tarde se realizarán más de 500 detenciones de elementos obreros y leales a la República y se redacta una lista de unas 57 personas a los que se debería asesinar inmediatamente.[21] Valenzuela, desde el Gobierno Civil, comunica la destitución y ordena la detención de todos los ayuntamientos del Frente Popular de la provincia. Un destacamento de la Guardia Civil al mando del teniente de Ingenieros Rodríguez Barranquero ocupa el Ayuntamiento; de Correos y Telégrafos, donde los trabajadores inútilmente intentan bloquear las puertas, se hizo cargo el comandante Manuel Aguilar; de la Central de Teléfonos, una vez tomada, se hizo cargo Fernando Palanca y de la Cárcel el comandante Natalio S. Roque. Totalmente controlada la ciudad, el coronel Delgado redacta el Bando por el cual se declara el Estado de Guerra.

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Dos milicianos acompañan a un soldado leal (C) que había sido detenido por no sumarse a la sublevación, este se distingue por el lazo rojo en su brazo izquierdo. Foto: AGA

En números, según las declaraciones más optimistas, los sublevados habían logrado movilizar, entre falangistas, tradicionalistas y militares unos 900 combatientes, muchos oficiales lucharon como simples soldados al no poder controlar la tropa la totalidad de la ciudad. Ortiz de Zárate instala una línea defensiva en torno al puente sobre el Rio Henares y sus terreras, entrada natural a Guadalajara desde Madrid, dejando los edificios de los talleres del Cuartel de Globos[22] defendido por un grupo de guardias civiles que pronto se unen a las tropas leales que llegarían de Alcalá a sofocar el golpe.
El día 22, a primera hora de la mañana, la aviación leal comienza a lanzar, en un primer momento, pasquines invitando a la rendición[23], posteriormente, los cuarteles serían bombardeados por la aviación y la artillería gubernamental. Las tropas leales (unos 4.000 soldados y 20 piezas de artillería) capitaneadas por Puigdendolas[24], tras superar sin problemas el Cuartel de Globos y el obrero Barrio de la Estación, chocan con los defensores del puente sobre el Henares[25] el cual había sido preparado para la demolición en caso de necesidad. Las tropas sublevadas provocan numerosas bajas entre los guardias civiles y de Asalto que se tienen que replegar hasta la llegada de los blindados.[26] Al tiempo, Puigdendolas ordena un ataque combinado desde la carretera de Chiloeches, justo al otro lado de la ciudad, mucho más propicia para tal fin al no tener que superar ningún obstáculo orográfico como era el rio y las terreras del Henares. Ambrosio Ristori capitanearía a los Guardias de Seguridad y Asalto.

El comandante Ambrosio Ristori organiza la retirada de los obstáculos colocados por los sublevados en el puente sobre el rio Henares. Foto: AGA

El comandante Ambrosio Ristori organiza la retirada de los obstáculos colocados por los sublevados en el puente sobre el rio Henares. Foto: AGA

Palanca logra por fin contactar con la columna de García-Escámez y le ordena marchar urgentemente sobre la ciudad, donde la situación para los sublevados es ya desesperada, este, a pesar de encontrarse aún en la localidad soriana de Almazán a una distancia de más de 130 km., decide continuar su marcha.
Llegan más tarde, procedentes de Madrid las tropas de Cipriano Mera, este rechaza las ordenes de Puigdendolas de presionar por el puente y ayudados por vecinos de Guadalajara vadean el rio por una zona somera en torno a la zona conocida como “Vado Aceña”[27], desde allí irían reduciendo las exiguas defensas sublevadas dispuestas en torno al “Cerro del Pimiento”, Campo de Futbol, Paseo de las Cruces y Prisión Provincial, donde liberan a los presos, algunos de los cuales se unen a los milicianos de Mera[28]. Quedan ya pocos focos de resistencia, y los militares que no se han rendido a primeras horas de la tarde, se recluyen en el Cuartel de Aeroestación y otros contados edificios, algunos se suicidan. En un par de horas las tropas leales logran penetrar en dicho cuartel deteniendo al coronel Francisco Delgado Jiménez junto a otros oficiales entre los que se encuentran González de Lara, Barrera, el almirante Fontela y el coronel de Infantería José Candeira, al tiempo liberan a los militares leales que habían encerrado, además de a capitán José Rubio y al gobernador Benavides. Una vez liberado el Cuartel de Aeroestación, las tropas leales se dirigen al cuartel de la Maestranza que es liberado con poco esfuerzo. Se dirigen posteriormente al cuartel de la Guardia Civil, cuerpo que en su mayoría había asistido de forma pasiva a todo lo ocurrido, se ofrecen sin resistencia a las tropas gubernamentales. El poder legal había sido reestablecido y los golpistas encarcelados.

La columna de García-Escámez en la noche del 22 de julio, había llegado ya a la localidad de Mirarlo, apenas a 40 km de Guadalajara, pero era demasiado tarde para los intereses de los sublevados. La ciudad había sido ganada hasta el final de la guerra para la causa gubernamental. Se cerraba así unos días convulsos en el que se produciría un incierto número de bajas.

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Guardias civiles, guardias de asalto, ejercito leal y milicianos celebran la derrota del golpe militar en la ciudad de Guadalajara. Foto: AGA

[1] Semanario Abril 18 de Abril de 1936. El bar “La Tropical” era el centro de reunión de las personalidades más “progresistas” de la ciudad, mientras que los reaccionarios se reunían en “El Casino”. Durante estos sucesos fue procesado el industrial Eduardo López.

[2] Paramio C., García Bilbao X. y García Bilbao P. “La Represión Franquista en Guadalajara” Ed. Silente, Pág. 23. Víctor Bernáldez fue asesinado en Moratilla de Henares el 11 de marzo de 1936 mientras que Francisco Gonzalo seria asesinado en Sigüenza el 13 de Julio del mismo año.

[3] AHN FC-Causa General. Leg. 1519 Exp. 1. Pieza anexa sobre los procesos republicanos realizados a raíz del golpe militar de Julio del 36.

[4] Cierva, R. de la. Historia de la Guerra Civil Española, Tomo I, pág. 264

[5] Arrarás Iribarren, J. Historia de la Cruzada Española. Vol. V Tomo XIX. Pág. 40

[6] Cobos, E. Historia del Movimiento en Guadalajara, pág. 3. Memorias no publicadas.

[7] AHN FC-Causa General. Leg 1519. Exp. 1

[8] Op. Cit. Arrarás, pág. 42

[9] Fontela había sido arrestado en Madrid

[10] González de Lara, fue arrestado en Burgos por orden del director general de Seguridad, José Alonso Mallol. Era partidario de la sublevación contra el gobierno de la República y estaba implicado en la conspiración. Unos meses antes, en el mes de abril, se habían formado en Burgos dos juntas clandestinas: una civil, dirigida por el general Fidel Dávila Arrondo, y otra militar, dirigida por el general González de Lara, que será el verdadero alma de la conspiración golpista en Burgos.

[11] El 31 de marzo de 1934 viajó a Roma en representación de la Unión Militar Española, junto a Antonio Goicoechea de Renovación Española y Antonio Lizarza y Rafael de Olazábal de los carlistas, para entrevistarse con el primer ministro de Italia Benito Mussolini y el mariscal Italo Balbo con la intención de conseguir ayuda en armas (20.000 fusiles, 20.000 granadas de mano y 200 ametralladoras) y dinero con el fin de derrocar a la República Española. El 13 de julio de 1936 fue detenido en Barcelona y conducido a la prisión de Guadalajara, desde donde pudo evadirse refugiándose en la Embajada de la República Francesa haciendo valer su condición de caballero de la Legión de Honor, dirigiéndose a Burgos, donde fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Militar en los territorios sublevados hasta enero de 1939 cuando pasó a la reserva.

[12] VV.AA. Historia general de España y América, Volumen 17 Pág. 326

[13] Dicho cuartel no disponía de guardias debido a que habían sido acantonados todos en Guadalajara por orden del gobernador.

[14] Pablo García Alcalde era concejal de Budia, miembro de la Casa del Pueblo.

[15] AHN FC-Causa General 1519. Declaración de Ricardo Ortega.

[16] Op. Cit. Cobos, Emilio. Pág. 6

[17] AHN FC-Causa General 1519. Declaración de Miguel Benavides.

[18] Fernando Palanca llegó a ser alcalde de Guadalajara durante los años 1927 y 1928

[19] AHN FC-Causa General 1519. Declaración de Miguel Benavides.

[20] Valenzuela fue encarcelado durante algunos meses en la ciudad de Villa Cisneros (Dajla, Sahara Occidental) por haber estado implicado en el intento de golpe de estado de Sanjurjo en Agosto de 1932

[21] Diario La Libertad, 1 de Agosto de 1936. Pág. 5. Entrevista a Antonio Cañadas.

[22] Situados en el actual barrio de “Los Manantiales”

[23] Conde, Amparo. Relatos de Paruchy. Pág. 235. Memorias de Amparo Conde Gamazo, poetisa natural de Guadalajara
[24] Ildefonso Puigdendolas tras sofocar certeramente la sublevación en Alcalá de Henares (Madrid) se dirige a Guadalajara donde será el protagonista, junto a Cipriano Mera de restituir la legalidad en la capital alcarreña.

[25] Es la construcción más antigua que conserva la ciudad (S. X), uno de los pocos puentes andalusíes conservados actualmente en España. Se identifica la obra con los programas constructivos de Abd al-Rahman III. El 3 de junio de 1931 el puente fue declarado Monumento Histórico Artístico.

[26] En esta ocasión se emplearían los modelos Bilbao

[27] El paraje conocido como Vado Aceña se situaba cercano al actual barrio de Los Manantiales, y conectaba a la ciudad con los campos de labor de dicha zona con un pequeño puente artesanal construido de madera, que en época estival se asentaba sobre una zona somera del rio

[28] Mera, Cipriano. Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista. Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Pág. 37

Artículo publicado en:
http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/biblio/MAF17-cast.pdf

valdes-aguado-cesareo-hÓscar de Marcos, (FMGU).. Cesáreo Valdés Aguado nació en Millana (Guadalajara) en Febrero de 1901, se tituló en magisterio a los 20 años. Impartió magisterio en las escuelas de El Recuenco en Cuenca y Pozo de Almoguera, Valtablado del Rio y Ocentejo en Guadalajara. En noviembre de 1930, por oposición, es nombrado maestro propietario de la escuela de niños de Gallegos-Barlovento (Sta. Cruz de Tenerife).

En noviembre de 1931 volvió a Guadalajara para tomar cargo de la escuela de niños de Illana. En abril de 1932 el inspector jefe de 1º Enseñanza, Gabriel Vera y Oria pudo apreciar “la acertada organización de su escuela, su competencia y memorias presentadas”, quedando plenamente satisfecho con su labor docente, fue aprobado en sus prácticas de opositor y pronto sería nombrado oficialmente maestro propietario de las citadas escuelas.

En octubre de 1934 se casó con la también maestra, Josefina Yanguas Cano, en Madrid. Josefina también impartiría clases en Illana, trasladándose a Cogolludo finalizada la guerra.

Se afilió a la F.E.T.E. siendo uno de los dirigentes de la U.G.T. local durante la guerra colaborando en la creación de la Casa del Pueblo, así como la cooperativa agrícola, una cooperativa en la que participaron más de 400 vecinos del pueblo de un total de unos 1800 habitantes. La colectividad de Illana estaba conformada en forma de cooperativa y regida por un Consejo de Administración del cual formaba parte Cesáreo. Puso en marcha la abandonada almazara de aceite. Cesáreo Valdés puso especial interés en un proyecto para construir un canal que facilitara los planes de regadío en la vega del Tajo, a su paso por Illana.

En su labor docente ayudó a educar y alfabetizar a la población obrera local impartiendo clases para adultos durante la noche, de forma no reglada. Y colaboró a que los libros que las Misiones Pedagógicas llegaran a Illana.

Especialmente sensibilizado con las necesidades de los más jóvenes, colaboraba a la alimentación de los infantes de las familias más necesitadas del pueblo.

Los últimos días de la guerra le sorprendieron en su pueblo natal, Millana, donde fue detenido junto a otros ocho vecinos de la zona a mediados de abril de 1936. Fue trasladado a Guadalajara junto a los siguientes detenidos: Pedro Écija Guindo, Andrés Ibáñez Aranda, Miguel Lozano, Pantaleón Calvo Guerrero, Juan Gil Ruiz, Carlos Gil Grande, Maximina Gil Grande y Teodoro Portillo Sampedro.

En Guadalajara sufrió la dureza de la prisión habilitada del Convento del Carmen, donde tenemos registrados numerosos casos de torturas y enfermedades derivadas de la mala alimentación y condiciones higiénico-sanitarias. De los vecinos de Illana internados en esa prisión fallecería por dichas causas el concejal Lorenzo Fernández del Saz en agosto de 1941.

Paralelamente a su estancia en prisión, y como todos los funcionarios públicos, sufrió un proceso de depuración que concluiría con su separación definitiva del cargo de maestro, y bajada el escalafón. En dicho proceso fue acusado, entre otras cosas, de tener “ideas izquierdistas” a lo que Cesáreo contestó: “Auxiliar a las clases más humildes, compadecerse de las necesidades, ver las miserias y necesidades de los niños y remediarlas en la medida de mis posibilidades económicas es lo que en los pueblos han llamado ser de izquierdas y hasta revolucionario. Esta idea la he sentido en lo más íntimo de mi alma porque es humano”.

A finales de noviembre de ese mismo año se desarrollaría la falsa de juicio en el que fue procesado junto a otros dieciocho vecinos de Illana. Las penas a las cuales fueron condenados y por las cuales, aun hoy, siguen siendo culpables son las siguientes:

(Nombre,  Filiación,  Cargo,  Condena)

García-Antón de Marcos, Valentín UGT Concejal 30 años

Saceda Martínez, Guillermo UGT Concejal 20 años, destierro

García-Abad Fernández, Santiago Secretario Municipal 30 años

García Blanco, Adolfo

Rubio Toledano, José UGT-PCE Tesorero Colectividad 12 años

Rubio Toledano, Gregorio UGT-PCE 12 años

De Marcos García-Antón, Miguel UGT-PCE 20 años

López Yebra, León UGT-PCE 6 años

López García, Teófilo UGT 30 años

Gutiérrez García-Salceda, Eloy

Yebra García, Cándido UGT-PCE Concejal y Presi. Colectivid. 12 años

Saceda de Marcos, Julián UGT Concejal 30 años

Fernández del Saz, Lorenzo UGT Concejal 30 años

Continente Martínez, Antonio UGT Concejal 30 años

Valenciano García-Abad, Victoriano UGT Pena de Muerte

Toledano Yebra, Ignacio UGT-PCE Directivo de la Colectividad 20 años

Toledano Martínez, Justo 30 años

Sánchez García-Abad, Zoilo 30 años

Cesáreo Valdés seria condenado a pena de muerte y ejecutado el 13 de mayo de 1940 junto a otras 54 personas en lo que fue la mayor “saca” de la represión franquista en la ciudad de Guadalajara. Fue enterrado en la fosa nº 5 del patio de Sta. Isabel aunque sus restos fueron trasladados posteriormente al osario y destruidos, como el del resto de represaliados de esa fosa.

Josefina Yanguas, esposa de Cesareo, con sus hijas, Una foto que Cesareo tenía consigo en el momento de su asesinato.

Josefina Yanguas, esposa de Cesáreo, con sus hijas, Una foto que Cesareo tenía consigo en el momento de su asesinato.

A día de hoy, sus familiares no ansían los restos de Cesáreo, pero han heredado las ansias de justicia de su ya difunta esposa Josefina y siguen esperando que su asesinato deje de ser considerado legal y que Cesáreo pueda conseguir la justicia que no le dio el régimen franquista.

(Óscar de Marcos, Foro por la Memoria de Guadalajara)

cesareo valdes04/07/2017.- En la fosa común del Patio 4º del cementerio de Guadalajara, ha tenido lugar un homenaje a Cesareo Valdés Aguado, maestro de la localidad alcarreña de Illana, fusilado en ese lugar el 13 de mayo de 1940, tras un simulacro de juicio. Ese mismo día fueron asesinados en dos espacios del cementerio, 54 guadalajareños. La mayor “saca” de toda la posguerra.El sencillo acto fue organizado por su nieto Ismael Portillo Valdés, venido expresamente desde Estados Unidos, con la colaboración del Foro por la Memoria de Guadalajara y de la Unión General de Trabajadores, sindicato al que pertenecía el maestro asesinado. En el mismo participó también una representación de los sindicatos Intersindical STE-CLM y CCOO. Al mismo asistieron Pedro del  Olmo, secretario provincial de la UGT,, asunción Benito, secretaria provincial de FETE-UGT, asi como Juan Luis Martín y Jesús Butrón, de UGT, Por parte de Intersindical STE-CLM asistió Nacho Monreal, y por parte de CCOO, Javier Morales, miembro de la ejecutiva provincial.
En el lugar donde Cesareo Valdés fue enterrado fue colocada una placa con el texto: “Aquí fue asesinado por defender la libertad, Cesareo Valdés Aguado 13-5-1940″.

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Placa instalada ayer en el cementerio de Guadalajara, junto al diploma entregado a su nieto

Flanqueado por la banderas de la República española y por una con el logotipo de UGT de la época, Ismael Valdés instaló la placa y dirigió unas palabras a los asistentes, recordando la figura de su abuelo Cesareo y agradeciendo al Foro y a los sindicatos asistentes su colaboración para el homenaje.
Óscar de Marcos, investigador memorialista y miembro de la junta directiva del Foro por la Memoria, hizo una reseña biográfica del homenajeado, donde quedaron patentes sus valores de fraternidad ante la injusticia y de heroísmo ante el fascismo.
Pedro A. García Bilbao, presidente del Foro por la Memoria, hizo entrega a Ismael, nieto del homenajeado, de un diploma con la propuesta de la “Medalla de la Libertad”, que fue una condecoración creada por el gobierno republicano en 1937, y que pretende simbólicamente homenajear a los que dieron su vida por la libertad de todos luchando contra el fascismo. A los asistentes les fue entregada una postal con una frase del propio homenajeado redactada en la prisión para contestar a las acusaciones que se le hacían, pues hasta se le recriminaba ser solidario con los niños pobres de su escuela, dándoles de comer en su propia casa.

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Frase redactada por Cesareo Valdés en su pliego de descargo (1940), poco antes de ser fusilado.

Laura Íñigo, secretaria de Organización de UGT en Castilla La Mancha, tras una mención emocionada al ugetista Timoteo Mendieta y a la valentía de su familia por haber logrado recuperar sus restos,  puso en valor el sacrificio de los maestros republicanos, entregando al nieto del homenajeado un ejemplar del documental “Maestras de la República”, y agradeció a “todos los que han hecho esfuerzos por rescatar el recuerdo de los maestros y que lucharon por construir el sindicato y una educación pública en el pasado y que han sido injustamente olvidados”,  añadiendo: “Para la UGT es una obligación moral este homenaje”. expresó su emoción “al comprobar cómo el nieto de Cesareo Valdés defiende hoy en el presente los mismos valores de libertad y justicia social” y expresó “el compromiso de la UGT en esta justa por la memoria,”, anunciando que UGT hará lo posible por colocar una placa dedicada a los cientos de militantes de su sindicato fusilados en Guadalajara.WhatsApp Image 2017-07-02 at 11.57.11.jpeg
El maestro Nacho Monreal, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza STE-CLM, intervino para decir que los maestros de entonces “como los de ahora, luchaban por construir desde la escuela un mundo mejor para todos”. “y homenajes como este son indispensable para saber de donde venimos”. Monreal, es uno de los “Cinco del Buero”, un maestro represaliado hace pocos meses como participante en la protesta contra los recortes de educación, que y junto a sus compañeros y tras una dura lucha solitaria, fue absuelto tras ser injustamente juzgado por simplemente defender la educación pública y sin recortes.
Javier Morales, en representación de Comisiones Obreras, puso en valor que “las luchas del presente se sienten inspiradas por la entrega y valores de aquellos que nos precedieron ” y que “nunca debemos olvidar”.
El homenaje se ha realizado con un año de retraso a pesar de estar autorizada la colocación de la placa, debido a que Ismael Valdés , nieto de la víctima reside en Estados Unidos, donde trabaja también como maestro y participa activamente en las luchas sindicales en su ciudad, San Francisco.

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Ismael Portillo Valdés en una protesta sindical de los maestros en San Francisco (EEUU)

Durante el sencillo acto la figura de Timoteo Mendieta fue recordada celebrando sus participantes que su familia tras una dura lucha haya podido recuperar sus restos, algo largamente deseado por su hija y nietos.

El viernes 30 de junio se ha aprobado una moción municipal en el ayuntamiento de Guadalajara que permite proteger los espacios de memoria del Cementerio Municipal y que hará que el consistorio instale una placa de homenaje que contenga los nombres de los 977 guadalajareños y guadalajareñas victimas del fascismo que fueron enterrados en ese camposanto.

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Los grupos municipales del PSOE y Ahora Guadalajara van a presentar este viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción conjunta en la que van a solicitar la preservación de espacios de memoria dentro del cementerio municipal donde fueron enterradas las víctimas mortales de la represión franquista y la consideración de los mismos como espacios de memoria democrática en un intento de conseguir una reparación institucional para las propias víctimas. La propuesta está respaldada por el Foro por la Memoria de Guadalajara y por la Agrupación de Familiares de las Víctimas de la Represión Franquista de la Fosa Común del Cementerio de Guadalajara.

De un lado, el concejal del grupo socialista Víctor Cabeza ha recordado que esta misma iniciativa ya fue llevada a pleno por los grupos municipales de PSOE e IU en los años 2010 y 2013 y, en ambos casos, “nos topamos con una mayoría absoluta del PP, que impidió su aprobación e hizo imposible convencerles de que no estábamos juzgando cuestiones políticas, sino intentando recuperar la memoria de quienes defendieron la democracia y la libertad”.

El edil del PSOE ha añadido que “volvemos a traer esta iniciativa al pleno con la esperanza de que la actual representación política en el Ayuntamiento, esta vez sí, permita que la ciudad de  Guadalajara pague el tributo que después de casi 40 años de  democracia no ha pagado aún a aquellos que en su día dieron su vida por defender la  libertad, la democracia y la justicia social”, ya que “entendemos que todo el que hoy se sienta demócrata no puede ver con malos ojos que nuestra ciudad y nuestro Ayuntamiento recuperen ese espacio en el cementerio municipal para homenajear a aquellas personas que fueron víctimas de la represión franquista”.

“No pedimos nada extraordinario, no abrimos ninguna herida, ni fomentamos ningún enfrentamiento”, ha remarcado Víctor Cabeza, señalando a continuación que “el  enfrentamiento de las dos Españas solo lo mantienen vivo quienes no quieren reconocer que este país sufrió una dictadura que utilizó la represión para acallar la palabra y las  ideas que muchos ciudadanos de este país defendieron con su vida”, por lo que “cuando se asuma lo ocurrido en este país durante la dictadura franquista y cuando esa herida se cierre, el enfrentamiento entre las dos Españas terminará”.

Por su parte, el portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, ha explicado los acuerdos que se pretenden alcanzar con la moción, como son el preservar la Fosa Común del Cementerio Civil y la Fosa Común del Cementerio Católico, así como otras fosas que pudieran aparecer, impidiendo nuevos enterramientos en estos lugares declarándolos, además, lugares de memoria democrática. Asimismo, en caso de aprobarse, el Ayuntamiento instalará una lápida corrida con una inscripción que recoja el texto ‘Por la libertad, la justicia y la democracia’, junto con los nombres de las 977 víctimas mortales de la represión franquista enterradas en el cementerio municipal.

Normalización democrática

“Aquí lo fundamental es la parte de reparación institucional que nunca, nunca, nunca se ha producido en el municipio de Guadalajara. Hay placas individuales o colectivas, siempre particulares, pero no hay ninguna reparación institucional”, ha comentado Morales. Y ha ahondado: “Lo único que hubo fue una placa insultante que, prácticamente, advertía, porque ponía que las personas habían fallecido a causa de sus ideas cuando en realidad habían fallecido a causa de las ideas de quienes les mandaron ejecutar. Murieron a causa del fascismo, no de la democracia”, ha zanjado. Para el portavoz de Ahora Guadalajara se trata de una moción que “nos convierte en una anomalía en Europa”, pero que, por el contrario, sería “normal en el contexto europeo” donde “la podrían aprobar Jean-Claude Juncker, Angela Merkel o Theresa May”, ha ejemplificado.

Por último, el presidente de Foro por la Memoria de Guadalajara, Pedro García Bilbao, ha comentado que la moción recoge “una propuesta que lo que quiere es la normalización democrática; es un llamamiento a los partidos que defienden valores constitucionales”. Se trata, según García Bilbao, de integrar “a todos los partidos juntos en defensa de valores democráticos” para mostrar “que España empieza a ser un país normal democráticamente hablando”. El presidente de Foro por la Memoria de Guadalajara ha recordado que 7.448 personas de la provincia fueron procesadas y encarceladas (al menos durante tres meses) desde 1939, de las que 1.418 tuvieron el resultado de muerte. En el cementerio municipal hay documentadas, a día de hoy, 977 personas enterradas víctimas de la represión franquista.

“A 40 años de las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, sorprendentemente hay cosas que todavía no se han resuelto”, ha comentado al respecto García Bilbao. “No existe ni una sola ejemplificación pública de respeto por todos aquellos que lucharon en defensa de valores constitucionales ante un golpe de estado. Es algo inaudito, que no tiene parangón en la Europa democrática”, ha proseguido. García Bilbao ha lamentado que no exista un espacio público para recordar a todas esas personas represaliadas, al tiempo que ha apuntado que “no es un tema que tenga que ver con la dignidad de ellos, sino con la dignidad colectiva. Lo que está en juego aquí es la dignidad democrática del Ayuntamiento de Guadalajara”.

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Cada vez que alguien oye hablar de la recuperación de la memoria histórica, si no está directamente implicado en la cuestión, identifica casi automáticamente este concepto con la exhumación de fosas comunes del franquismo. Esto no sólo se debe al impacto social que las imágenes de dichas exhumaciones causan, también a la simplificación que los grandes medios de comunicación transmiten sobre el sentido y los objetivos del movimiento social por la recuperación de la memoria. Pero ni las organizaciones memorialistas y de víctimas del franquismo nos dedicamos exclusivamente a realizar exhumaciones, ni el fenómeno es tan simple como se nos presenta.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha realizado una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en diferentes comunidades autónomas. Todas se llevaron a cabo por profesionales de diversas disciplinas como trabajo militante no remunerado durante sus vacaciones, y en cada una de ellas presentamos denuncia ante el juzgado natural competente por el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Es decir, exigiendo la implicación de la Justicia en la exhumación conforme dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en consonancia con lo establecido por el Derecho Penal Internacional de los derechos humanos.

Invariablemente la respuesta ha sido el archivo de las denuncias (inmediatamente recurridas por nuestra parte) sin abrir una investigación, argumentando la primacía del derecho interno sobre el internacional, la prescripción del delito, y en todo caso aplicando la Ley de Amnistía de 1977. La sorprendente homogeneidad en los autos de juzgados desde Asturias a Extremadura culminó cuando en las dos últimas exhumaciones (en Guadalajara y Málaga) las denuncias se archivaron en aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, que deriva a la vía exclusivamente administrativa las exhumaciones de las fosas del franquismo.

La Ley de Memoria establece un sistema de gestión privatizada de las exhumaciones, inhibiéndose el Estado de sus obligaciones, transfiriéndolas a familias y asociaciones, y negando explícitamente el derecho a la Justicia de las víctimas. Lamentablemente comprobamos que la actual proliferación de legislación autonómica sobre memoria histórica y fosas comunes, al insistir en legislar sobre la intervención en exhumaciones cuando no se tiene competencia sobre Justicia, persevera en líneas generales en el modelo privatizador de la Ley de Memoria.

Hoy, las víctimas del franquismo continúan siendo una excepción para el Estado, que no reconoce su existencia, y las mantiene en un limbo jurídico al que no se aplican los procedimientos habituales de la Justicia, siendo norma habitual que el juez o la policía judicial no se personen en una fosa común donde hay restos humanos con evidentes signos de muerte violenta. Recientemente, un abogado especialista en derechos humanos nos recordaba que hoy es perfectamente posible vender en Amazon los restos exhumados de una víctima del franquismo sin tener ningún problema legal.

Pero una fosa común del franquismo constituye, antes que cualquier otra cosa, un conjunto de pruebas de crímenes cometidos en aplicación de un plan explícito de exterminio del enemigo político. En consecuencia hemos realizado exhumaciones con el objetivo principal de denunciar unos delitos que, consideramos, encajan plenamente en la definición de crímenes contra la humanidad, tal y como fueron definidos por el Estatuto de Nüremberg. También para evidenciar públicamente el incumplimiento por el Estado español de sus compromisos y obligaciones con respecto a los derechos humanos en el caso de las víctimas del franquismo.

Cuando hablamos de fosas comunes del franquismo nos referimos esencialmente a inhumaciones ilegales y clandestinas, llevadas a cabo en cunetas, tapias de cementerios, parajes alejados de población, etc… con el fin de hacer desaparecer pruebas de ejecuciones extrajudiciales y, en consecuencia, la desaparición forzada de las víctimas, lo que constituye un crimen contra la humanidad de carácter permanente e imprescriptible.

La conservación o la destrucción de pruebas de estos delitos durante las exhumaciones no depende de la capacitación, por lo general muy alta, de los profesionales que realizan las exhumaciones, sino de que todo el proceso esté sujeto a una certificación judicial que encuadre la exhumación desde el principio dentro de un procedimiento legal, e imposibilite la destrucción de la cadena de custodia, para permitir que las pruebas obtenidas puedan ser utilizadas en un procedimiento penal.

Asimismo se efectúan en algún caso exhumaciones de fosas comunes de cementerios de otro tipo de víctimas, fusilados tras las sentencias de los consejos de guerra. No se trata aquí de desaparecidos: las víctimas tienen todas ellas nombre y apellidos, expedientes carcelarios, sentencia, partes de ejecución, registro de entrada en el cementerio… la exhumación se rige aquí por los respectivos reglamentos municipales de cementerios. Realmente se trata de un traslado de restos para su entrega a los familiares, por cuanto las pruebas documentales hacen innecesarias las forenses como elemento probatorio. En nuestra opinión, el papel en este caso tanto de las asociaciones memorialistas como de las administraciones debería orientarse a la constitución de un espacio estable de memoria que explique las causas y el sentido de su muerte, y estableciendo una dinámica de homenajes periódicos con presencia oficial de representantes institucionales. Y por supuesto, seguir exigiendo la anulación de todas y cada una de las sentencias dictadas por los tribunales y consejos de guerra franquistas.

Algunas administraciones realizan también exhumaciones de otro tipo, como el caso de combatientes muertos en acción de guerra, aunque ante la ausencia de familiares que reclamen los restos y previsibles problemas para su identificación, entendemos que el tratamiento que se debe dar a estas fosas debe ser fundamentalmente conmemorativo y divulgativo.

Lamentablemente constatamos que la solución que propugna el Estado al problema de las fosas comunes pasa por circunscribir las exhumaciones al ámbito estrictamente personal y familiar, ajeno a otras consideraciones. Se niega a los familiares el reconocimiento y el derecho a la justicia, y se utiliza su dolor y el legítimo derecho a la recuperación de los restos del familiar asesinado, haciéndoles creer que hacer justicia consiste exclusivamente en devolverles unos restos mortales que fueron mal enterrados, y que eso es todo lo que deben esperar.

Entendemos perfectamente las urgencias y las necesidades de los familiares de las víctimas (en primer lugar porque nosotros/as también lo somos), pero debemos tener presente que en una exhumación se dan las siguientes circunstancias:

1. Que la identificación de todos los restos no siempre es técnicamente posible.
2. Que muchas víctimas no tienen familias que reclamen sus restos al haber sido asesinados antes de tener descendencia, o porque no están interesadas. Obviamente, aquí hay una responsabilidad del Estado sobre los restos exhumados no reclamados que no puede trasladarse a las asociaciones o a otros familiares.
3. Que los familiares promotores de la exhumación no tienen derecho legal sobre los restos hasta que no se produce una identificación positiva, antropológica o mediante ADN.
4. Que las víctimas que exhumamos no han perdido derechos, reconocidos por protocolos internacionales, y que estos están por encima de los derechos de familiares, asociaciones o administración en aspectos que afectan a su propia dignidad, como el respeto a sus creencias, lo que implica la presencia y uso de los ritos y símbolos que les fueron propios, durante los procesos de exhumación y enterramiento posterior. En particular debemos denunciar el tratamiento morboso que se da en muchos casos a las imágenes de las víctimas del franquismo exhumadas, y que por supuesto sería inconcebible si se tratase de cualquier otro tipo de víctimas.

En 1941 las autoridades nazis aprobaron el Decreto de “Noche y Niebla” para la represión y eliminación física de sus oponentes políticos, que incluía directrices para destruir las pruebas de los delitos cometidos, garantizando así la impunidad definitiva de los verdugos. Hoy, el modelo de exhumación de fosas del franquismo que se pretende imponer tiene como objetivo deshacerse poco a poco del “problema” haciendo permanente y definitiva la impunidad de los crímenes. Se pretende que se desentierren los restos de nuestras compañeras y nuestros compañeros enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, mediante la ocultación a la sociedad del significado real de las exhumaciones, circunscribiéndolas a actos particulares formalmente humanitarios.

La pervivencia de las fosas comunes del franquismo, 42 años después de la muerte física del dictador, constituye una denuncia permanente del trato que la democracia española da a docenas de miles de sus mejores ciudadanos, manteniendo el castigo post mortem diseñado por sus verdugos para ellos y sus familias, sólo porque se atrevieron a soñar que un mundo mejor era posible.

La posición de nuestra Federación, que compartimos con otras asociaciones memorialistas y de víctimas, y con organizaciones de derechos humanos, es que debemos seguir actuando con firmeza para impedir que se perpetúe el modelo español de impunidad, lo que supondría el triunfo absoluto y definitivo del franquismo.
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Arturo Peinado Cano. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. @apces

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Hoy hace 40 años (21 de junio de 1977) la II República Española disolvió sus instituciones y puso fin a su existencia. Nuestra admiración y respeto por el Presidente Maldonado y por Fernando Valera, por Macrino Suarez y todos los ministros, diplomáticos, diputados y por todos los ciudadanos españoles registrados en el registro civil de la embajada en México y en Belgrado que se mantuvieron leales hasta el final. Ellos hicieron lo correcto, nunca reconocieron la legalidad franquista.

Quienes traicionaron a la República en 1977 no han querido recordarla hoy.

Pues bien, sabed que en la ultima comunicación de Don Fernando Valera, sobre el 5 de julio de 1977, se lanzó el grito de Viva la Tercera República y emplazaba a las jóvenes generaciones a luchar por ella y lograr definitivamente la plena soberanía y la libertad del pueblo español.

Hoy, 21 de junio de 2017, esa lucha prosigue, y la República sigue viva en los corazones de muchos españoles.

¡Pongamonos todos Al Servicio de la República!